Las diligencias previas de investigación del grave incendio forestal sufrido en el Bierzo el pasado mes fueron “inexplicablemente archivadas”, lo cual ha sido recurrido por los ecologistas de Bierzo Aire Limpio. Es por ello que, mientras se resuelve ese recurso, han registrado un escrito dirigido a la Fiscal Superior de Castilla y León, Mª Lourdes Rodríguez Rey, solicitando que el Ministerio Fiscal se implique en la investigación del que ha sido considerado el incendio más grande de Castilla y León en lo que llevamos de año.

“La Fiscalía no ha actuado hasta el momento en modo alguno en dicha instrucción, en la que no se ha llegado a adoptar ninguna actuación, a pesar de existir una denuncia señalando a un ganadero como sospechoso”, afirma. Por ello, requieren a la Fiscal Superior que utilice todos los medios a su alcance para evitar que los hechos queden impunes.

En concreto, solicitan que su área de Medio Ambiente y de Urbanismo impugne el auto de archivo de 27/04/17 y no dé el “visto bueno” al mismo, para lo cual han concedido al Juzgado un plazo de dos días.

Según Bierzo Aire Limpio, los hechos investigados pueden ser un delito contra la seguridad colectiva de los incluidos en el Capítulo II del Título XVII del Código Penal. “En concreto se trata del ilícito previsto en el artículo 352 del Código Penal que se castiga con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. En este caso, se aplicarán esas penas en su mitad superior (de 3 a 5 años de prisión) ya que se considera que presuntamente se ha incurrido en alguna de las circunstancias agravantes del artículo 353”. Estas circunstancias son:

  1. Que (el incendio) afecte a una superficie de considerable importancia.

  2. Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.

  3. Que (el incendio) altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido.

  4. En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.

Cabe destacar que el procedimiento penal, si se reabre, será conocido por un Tribunal de Jurado en aplicación del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.