Crecen las protestas populares por el deterioro progresivo de la sanidad pública en Castilla y León. Cada día que pasan se abren más frentes de protesta: Salamanca, comarca de Sanabria, Ávila, El Bierzo,  León capital son algunas de las zonas geográficas en la que los ciudadanos han salido a la calle o han manifestado su más hondo malestar en los últimos días por una sanidad pública que cada vez funciona peor. Sobreexplotación de los servicios de urgencias y de otros departamentos, escasez de médicos en zonas rurales, privatización encubierta de algunos servicios, cierre de quirófanos y de plantas enteras de algunos de los hospitales considerados más modernos de la Comunidad, recortes de personal, guardias abusivas, falta de material adecuado, aumento casi inhumano de las listas de espera, colapso de determinados servicios y abundancia de camas en los pasillos, son algunas de las quejas más generalizadas de los usuarios.

Las respuestas de la Junta son ya las consabidas y casi siempre se resumen en la mala práctica de los usuarios que acuden a urgencias cuando no hay motivo suficiente o  que hay enfermedades estacionales cuya repercusión no se puede predeterminar, como sucede con la gripe y otros virus gastrointestinales, tan de actualidad en estos días. Para combatir las cada vez más largas listas de espera se aprueban campañas de choque que no resuelven el problema ni siquiera en el momento de su aplicación.

Es la contradicción de la gestión: cada vez se construyen más modernos y mastodónticos centros hospitalarios públicos, como ha sucedido en León o en Burgos, por citar sólo dos ejemplos, y, sin embargo, aumentan los problemas, algunos de ellos ya muy peligrosos como las larguísimas listas de espera o el cierre sistemático de quirófanos. En este último caso, la contradicción resulta casi grotesca. Se dotan  quirófanos con el mejor y más moderno instrumental y con los especialistas mejor preparados de la historia y, sin embargo, o  no rinden al cien por cien o simplemente se cierran durante largas temporadas por problemas ajenos a la atención médica.

Algo galla, naturalmente. Y mucho. Hay, sin duda, un gravísimo problema de gestión, y, por ello, un problema político. La sanidad pública no es la fachada de impresionantes complejos hospitalarios, en algunos de los cuales hay que incorporar personas de información con chaquetas verdes, como en los aeropuertos, para conducir a los pacientes y familiares y, al  mismo tiempo, tener parado un costosísimo instrumental de última generación tecnológica bien por falta de personal especializado, de horarios o de compatibilidad. O de imaginación a la hora de proponer soluciones.

Ante la falta de soluciones eficaces que agilicen la gestión, la respuesta de las administraciones públicas es la más fácil: aplicar copagos, tasas, impuestos, gravamen de las medicinas a los jubilados que más cobren, y otros modernos fielatos para frenar el acceso universal y público de los usuarios; un derecho que, por cierto, viene reconocido por la Constitución. Es decir, hay que criminalizar al paciente y, por ello, judicializar el servicio sanitario. Y como los tribunales tienen la manía de dar la razón al usuario, pues, se pagan las indemnizaciones correspondientes y fin del caso. A costa del bolsillo del contribuyente, claro.

Y en el medio, los auténticos héroes, el personal sanitario que trata de trabajar con absoluta profesionalidad en un entorno hostil debido a los recortes de todo tipo, bajadas de sueldo, excesivas guardias y otras notables deficiencias. Y, por supuesto, el cabreo del ciudadano, algunas veces manifestado con violencia, que, al final, lo paga el personal sanitario. El que menos culpa tiene de todo este desaguisado.