La ARMH reitera su denuncia contra el Gobierno de España por incumplir sus “deberes” en materia de Derechos Humanos

La asociación recuerda que hay más de 114.000 personas aún en fosas comunes en territorio español

Ical La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) insiste en denunciar que el Gobierno de España incumple sus “deberes” en materia de Derechos Humanos, coincidiendo con la celebración este domingo del Día Internacional de los Desaparecidos. Así, recuerda que es el segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya, con 114.226 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes, algunas con más de mil personas dentro, sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familias.

“El Estado español ha ratificado todas las resoluciones y convenciones sobre la desaparición forzada que se han planteado en la Asamblea de la ONU, así como las convenciones dirigidas a la erradicación de los desaparecidos”, recuerda la ARMH, que puntualiza que “mientras en la Transición existieron comisiones en el Congreso y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, las víctimas de la dictadura siguen muriendo a la espera de un Gobierno que se comprometa sin excepciones con los derechos humanos”.

En su opinión, este problema se quiso “barrer bajo la alfombra de la historia” durante la Transición y no comenzó a desvelarse en toda su extensión hasta que en el años 2000 la ARMH llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa de víctimas de la represión franquista en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo.

Desde ese momento, la asociación ha llevado a cabo cerca de 300 exhumaciones de fosas, en las que se han recuperado 6.200 cuerpos. Esa labor se ha llevado a cabo, en el caso de la ARMH, gracias al esfuerzo y los recursos de más de 700 voluntarios, de veinte nacionalidades, que en estos quince años han sentido la responsabilidad de ayudar a las familias de la represión franquista.

“Las víctimas de la dictadura del general Franco viven además un maltrato humillante por parte del Estado que mantiene calles y monumentos enalteciendo a responsables de la represión de la dictadura y que renueva títulos nobiliarios concedidos por el dictador a criminales de guerra (Mola o Queipo de Llano)”, indican desde la ARMH.

Así, también critica la actitud de un Gobierno “que obliga a las víctimas a pagar con sus impuestos la tumba mausoleo del dictador que por no aceptar el resultado de unas elecciones democráticas orquestó y dio un sangriento golpe de Estado que duró tres años y que asesinó a miles de civiles a los que se negó sepultura digna, acta de defunción y a cuyos familiares se persiguió y castigo durante cuarenta años de dictadura y han estado desasistidos por el Estado durante cuarenta de democracia”.

La ARMH también lamentó cómo la Fiscalía General del Estado no veía causa por la que investigar en las pruebas presentadas sobre delitos de apología, enaltecimiento y negacionismo de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. “El mismo Estado que rechaza cualquier investigación para dilucidar la desaparición de 114.226 civiles y que no protege a las víctimas, actúa en otros casos de oficio. Esa doble vara de medir no puede formar parte de un gobierno democrático que debe atender a las víctimas de graves delitos sin excepciones”, concluyó.

Moción de Ponferrada en Común

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Desaparecidos, la coalición Ponferrada en Común registrará una moción en el consistorio ponferradino para que se aplique en el municipio la Ley de Memoria Histórica. Así, la formación encabezada por Miguel Ángel Fernández propondrá al Pleno del Ayuntamiento la adopción de acuerdos para “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación, de la Guerra Civil y la represión de la Dictadura que aún están presentes en calles y plazas de Ponferrada” o, en caso de que esto no sea posible, “proceder a la superposición de símbolos y escudos constitucionales para garantizar la convivencia, en el reconocimiento de los derechos de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y el régimen dictatorial que la sucedió”.