Minería del carbón, la agonía que no cesa

Entre las cuencas del Bierzo, Laciana y Guardo, y otros puntos definidos del norte de Castilla y León, los últimos datos oficiales cifran en poco más de 2.000 los empleos directos, en su mayoría tareas de mantenimiento y muy poca explotación, en la minería del carbón. La fecha de fin de las explotaciones deficitarias es el 2018 si bien las ayudas se habían previsto hasta el 2020
En las cuencas de la provincia trabajan a temporadas mil mineros

Para el gran público, desconocedor del mundo del carbón, el tema de la minería es una ecuación imposible de resolver. Al papel del empresario titular de una explotación, que obviamente busca beneficio económico, se le añade el de los productores que trabajan en cada tajo y que defienden con uñas y dientes sus puestos de trabajo; pero también están las administraciones públicas, la Junta de Castilla y León, que reparte los fondos a empresas y municipios mineros provenientes, en casi su totalidad, de la Unión Europea. Sin embargo, el papel estelar y competencial en todas estas décadas, desde los 90 hasta hoy, lo ha representado el titular de turno del Ministerio de Industria y Energía, ahora separados.

Principio del fin, años 80

Cuando España se incorporó a la Comunidad Económica Europea en 1986 la minería se componía de 220 empresas donde trabajaban directamente 50.000 personas que producían 23 millones de toneladas de carbón. Europa supuso entrar en una política conjunta energética, donde el gas fue la apuesta clara de los gobiernos del entonces presidente, Felipe González. 

Comienzan los planes del carbón para ir reduciendo la producción, el número de explotaciones y, obviamente, de trabajadores. De 1990 al 2005 se firmaron tres planes con gobiernos del PSOE y del PP. El resultado final fue el cierre de 28 empresas y 8.000 trabajadores despedidos o prejubilados. Las comarcas mineras recibieron ayudas que, en su mayor parte, fueron destinadas a polígonos industriales, negocios de turismo de interior, ayudas a empresas mineras y algunas infraestructuras y servicios.

Plan ZP 2006

En el año 2006 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firma el cuarto plan y el más ambicioso de todos cuantos habían precedido. La esperada fuerte inversión millonaria aceleraba la reducción de empresas y personal con criterios que permitían incluso prejubilaciones a mineros de 42 años y 8 de cotización en el carbón y tres de antigüedad. En el 2010, la Unión Europea pone fin a la minería en el 2014 y el Gobierno acelera sus ayudas mientras tramita una prórroga.

Estalla la crisis económica que cierra literalmente la financiación al carbón. Comienzan a no cumplirse el Plan ZP. Además, la fuerte apuesta por las energías renovables, especialmente las ayudas a la producción y explotación de palas eólicas y la energía solar, dejan literalmente sin opción de maniobra para continuar apoyando el sector del carbón.

El Instituto del Carbón deja de ofrecer subvenciones en el 2011, el PP, ya en el Gobierno, recorta hasta un 60 por ciento las subvenciones, un total de 190 millones de euros de recorte que, además, tarda en pagar dando lugar a un verdadero pulso entre patronal y sindicatos frente al ministro Soria. 

Imagen de archivo de una manifestación de mineros de UMINSA (Pablo Lorenzana)
Prórrogas y fraudes

La UE admite una prórroga hasta el 2018 donde “solo podrán quedar las explotaciones rentables y sin ayudas oficiales”. Quedan en ese momento 15 empresas abiertas con 3.000 empleados (datos de 2015). A la vez, se destapan varios escándalos en los que presuntamente empleados de oficina, familiares de empresarios y otros se han adherido a las prejubilaciones como si hubiesen trabajado en interior de los pozos. 

El PP presenta a todas las partes un plan de cierre a aplicar hasta 2018. Se pagan retrasos de los planes anteriores -no todas las cantidades-  y se intenta establecer un nuevo calendario donde la ley del mercado regule la vida o no de la minería. 

 M. Chacón

Actualidad

En 2016 quedaban 10 empresas que daban empleo directo a 1.500 trabajadores directos, la mayor parte de ellos por temporalidad, según las peticiones de las térmicas y la necesidad del mercado. Se continúa subvencionando el carbón para uso eléctrico en una mínima cantidad. La mayor parte de los tajos se encuentran en tareas de mantenimiento o de almacenaje de la producción.

El horizonte de posible fecha definitiva del fin que se baraja es el 2020 y se insiste en que “será el propio mercado el que marque precios y necesidad de uso del carbón”, en palabras del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal. Además la combustión limpia del CO2, una exigencia europea, queda en manos de las eléctricas, titulares al fin y a la postre de las centrales térmicas.

Todo parece señalar que el carbón sobrevivirá residualmente mientras el Gobierno, árbitro de la situación y del mercado, estimule a las compañías eléctricas su compra, algo que a todas luces deja un fin cada día más próximo a lo poco que queda de lo que un día fue el motor  económico de una provincia, León, y fuente de vida de las comarcas mineras.