El portavoz del grupo municipal socialista, Olegario Ramón, sugiere que sea la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, quien pague las costas del procedimiento judicial anulatorio del contrato de FCC por no cumplir voluntariamente una sentencia que es firme. “La alcaldesa ha hecho unas declaraciones esta semana en las que decía qyue cumplirá en sus términos estrictos la sentencia que anula el ‘macrocontrato’ de FCC, cuando estamos obligados a hacerlo. No parece complicado ni siquiera la conformación de la mesa de licitación ya que, como se dijo en su momento, va a estar formada por los mismos concejales pero los actuales y los mismso técnicos”, se quejó Ramón.
Los gastos que va a generar la ejecución de la sentencia se tasarán una vez finalizado el procedimiento y podría ascender “a un máximo del 30% del valor del pleito”, en este caso de los 122 millones de euros del contrato a adjudicar. “No creo que se vaya a adoptar un porcentaje tan amplio pero sí va a ser una cantidad importante”, aventura el portavoz socialista. A mayores habrá que sumar la indemnización que el consistorio tendrá que pagar a FCC por anular el contrato, que previsiblemente tendrá que dilucidar también un tribunal, “porque no nos vamos a poner de acuerdo (ayuntamiento y empresa), y una posible indemnización a la otra empresa, Urbaser, por daños y perjuicios.
El próximo viernes día 17 se celebrará el pleno extraordinario monográfico en el que gobierno municipal y oposición tendrán oportunidad de debatir largo y tendido sobre las inconvenientes que supondrá al ayuntamiento esta sentencia.