El Ayuntamiento de Ponferrada acudirá a los tribunales para que el juez aclare los pasos a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que en julio del año pasado anuló el contrato de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de jardines, adjudicado en 2014 a FCC por 20 años y por valor de 122 millones de euros. En la reunión de portavoces  con presencia en el Consistorio, celebrada ayer, todos los grupos menos PSOE y Ponferrada en Común (PeC) optaron por plantear el incidente de ejecución de sentencia ante el juzgado contencioso de León, según confirmó el portavoz socialista en la capital berciana, Olegario Ramón.

Tras la votación de la mesa de contratación, en la que dos técnicos se abstuvieron, los responsables municipales dejaron la puerta abierta a esta medida, que retrasará el proceso al menos un año más, ante las “dudas” que podrían plantearse entre los representantes del resto de grupos. Según explicó el portavoz socialista, el Consistorio deberá plantear el incidente de ejecución de sentencia ante el juzgado contencioso de León, que deberá dar traslado del expediente a las dos empresas implicadas para que hagan llegar sus valoraciones, en un trámite que podría alargarse al menos tres meses. A partir de ese momento, las compañías podrían plantear un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia respecto a la decisión que tome el juzgado leonés, lo que alargaría el proceso un año más.

“Nosotros sostuvimos la postura de que ir al incidente de ejecución habría sido oportuno antes de que la mesa valorase las diferentes opciones”, explicó Ramón, que entiende que “una vez que la mesa ha valorado, procedimentalmente corresponde enviarlo al órgano competente para que tome la decisión oportuna, es decir, el pleno”. Al respecto, el portavoz socialista recordó que “el pleno es soberano” y que puede estimar la propuesta surgida de la mesa de contratación -que dio su apoyo a la readjudicación del servicio a la otra empresa que optó a la adjudicación, Urbaser- o declarar desierta la adjudicación.

En cualquier caso, Ramón lamentó que el nuevo vericueto judicial “retrasará la toma de una decisión en un tema que es de importancia capital”. “Gobernar implica la toma de decisiones”, resumió Ramón, que se mostró critico con la actitud del equipo de Gobierno respecto a un conflicto que tiene su repercusión social en la huelga convocada por los empleados del servicio en vísperas de Semana Santa, como consecuencia de la negativa de FCC a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo.