El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León zanja el conflicto judical entre la extrabajadora del Ayuntamiento que desarrollaba el papel de Agente de Desarrollo Local y el propio Consistorio que decidió no renovar el contrato al terminarse la subvención con la que se había creado su plaza.
La Justicia considera procedente el despido al entender que concurren las condiciones necesarias para dar la plaza por amortizada.
La trabajadora comenzó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento en 2004 gracias a una plaza sustentada por una subvención específica de la Junta de Castilla y León para promocionar el desarrollo local. Ocho años después, la Junta desconvoca la subvenciones y el equipo de gobierno presidido por José Manuel Otero decideno renovar a la persona. El alcalde subraya que no tiene nada en contra de la trabajadora que “cumplia perfectamente con su cometido”.
La empleada, Yolanda Álvarez, acudió al Contencioso Administrativo que le dio la razón, pero el fallo fue recurrido por el Ayuntamiento de Bembibre que finalmente ha sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia.
Otero defiende que al acabarse la subvención y además contar con una persona de la Diputación para el mismo fin que Yolanda Álvarez no necesitaban la plaza. “Mi deber es mirar por el dinero del contribuyente, el Ayuntamiento no es una agencia de contratación”, remachóo el alcalde al conocer el veredicto del TSJ.
