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Amilivia presenta el trabajo de fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes del 26 de mayo

Las subvenciones por las elecciones autonómicas caen un 36% entre 2007 y 2019, pese a que hay cinco partidos más

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, comparece en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. / L. Pérez

Las subvenciones por las elecciones a las Cortes de Castilla y León –tanto por los resultados electorales como por los envíos directos- han caído un 36 por ciento entre los comicios de 2007 y los últimos del año pasado, al pasar de 2,1 millones a los 1,3 millones de euros registrados en 2019. La reducción se produce pese a que las formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómico son esta legislatura ocho frente a las tres del año 2007. En comparación con los anteriores comicios de 2015, el descenso del importe sufragado fue del 8,1 por ciento.

El Consejo de Cuentas también destaca en su informe, presentado hoy en la Cámara autonómica, que los 1,3 millones subvencionados solo suponen el 49 por ciento de los recursos totales disponibles, que permite el ordenamiento jurídico. Algo que, según su presidente, Mario Amilivia, puede estar relacionado con la concurrencia el año pasado de las campañas electorales nacional y autonómica, por lo que algunos gastos de los partidos pudieron ser imputables a la cita general. Por otro lado, ninguna formación política ha superado los límites de gastos previstos para las elecciones a las Cortes.

Estos datos fueron ofrecidos por Amilivia durante su comparencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar los informes sobre la fiscalización de la contabilidad electoral de los comicios autonómicos del pasado 26 de mayo. Precisó que la reducción de las subvenciones se produce en un escenario en que los importes que la Comunidad sufraga los gastos ocasionados a los partidos no sufrieron variación con respecto a las últimas convocatorias electorales. Es decir, 10.205 euros por cada escaño; 0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que obtuviera, al menos, un escaño; y 0,19 euros por elector, en concepto de envío directo y personal de sobres y papeletas, siempre y cuando lograra representación parlamentaria.

Con estas cantidades y a la vista de los resultados en las urnas, el Partido Socialista percibió 813.460 euros; seguido del PP, con 277.256 euros; mientras que a Ciudadanos le correspondieron 202.619 euros; Vox, 13.098 euros; Podemos-Equo, 31.753; UPL, 57.011 euro, y Por Ávila (XAV), 2.324 euros.

El informe del Consejo de Cuentas recoge una serie de recomendaciones, algunas de ellas se repiten al estar ya contempladas en el texto de 2015, como la necesidad de regular el sistema de financiación a través de las plataformas digitales de financiación colectiva para los partidos como los microcréditos y las campañas de ‘crowdfunding’ (micromecenazgos). Una financiación que, recordó Amilivia, no está “expresamente contemplada” en la legislación actual sobre la financiación de las formaciones políticas. “Es una recomendación que ya se ha dado, por lo que espero que para la próxima campaña electoral se ha haya resuelto desde el punto de vista normativo”, apuntó.

El órgano de control también apuesta, según recogió la agencia Ical, por definir “con mayor detalle” los gastos electorales regulados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con el objetivo de limitar “a lo imprescindible” el desembolso de los partidos para acometer la campaña. Además, Amilivia reclamó que las formaciones políticas presenten “con detalle” la documentación contable electoral. No en vano, reconoce que el trabajo “exhaustivo” del Consejo de Cuentas es un “plus de garantía”. Y es que precisó que los técnicos de la institución fiscalizan facturas de hasta cien euros, frente a los mil euros que contempla el Tribunal de Cuentas. De esta manera, añadió, permite detectar “vacíos legales”.

Por otro lado, se pide definir, también con “mayor detalle” los conceptos de gasto que pueden imputarse a la realización de los envíos personales y directos de propaganda y publicidad electoral así como los derivados de la utilización de las nuevas tecnologías de la información.

En materia normativa, por último, el informe recoge que el pago de todos los gastos se debe realizar en el plazo de 90 días siguientes a la votación, tras los “incumplimientos” de Ciudadanos y UPL. Otra llamada de atención fue para Por Ávila ya que debe justificar la procedencia de la totalidad de los recursos electorales pero también realizar todos los cobros y pagos a través de las cuentas electorales comunicadas. En todo caso y con carácter general, el trabajo concluye que las formaciones “identificaron” y “acreditaron” la procedencia de los recursos empleados durante sus campañas.

De ahí que el Consejo de Cuentas concluyera que no procede rechazar o reducir las subvenciones electorales solicitadas por los partidos, excepto para XAV (rebaja de 44 euros).

Reforma de la Ley de 1987

Tras la exposición inicial de Mario Amilivia, la posible reforma de la Ley Electoral de Castilla y León, que data de 1987, salió a relucir en el debate posterior de los grupos parlamentarios. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Salvador Cruz, apostó por que si hay que abordar esa reforma sea con el “máximo consenso posible” e incluso tratar de conseguir la unanimidad de la Cámara. Reconoció que la recomendación del Consejo de Cuentas sobre la regulación de los microcréditos es “asumible”.

En cuanto a la necesidad de acometer una rebaja del coste electoral y fijar un límite del gasto por ley, Cruz subrayó que no urge tanto porque es algo que los partidos ya llevan a cabo. No en vano, hizo mención al descenso de las subvenciones electorales en Castilla y León, de hasta el 36 por ciento entre los comicios de 2007 y 2019. “Hay un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos,”, sentenció, tras poner en valor la reducción del desembolso total y suponer el 49 por ciento de los recursos disponibles. “Todo ello, repercute en la mayor calidad democrática, en un marco en que los comicios discurren con total normalidad”, añadió.

Eso sí, el ‘popular’ mencionó que llama “poderosamente la atención” que el Partido Socialista haya asumido el 60 por ciento de los recursos totales y gastar el triple que la siguiente formación que es el PP.

“Armonizar” las cuentas

Por parte del PSOE, Laura Peregrina, lamentó que no se ha avanzado “mucho” en el tema del gasto electoral de Castilla y León, ya que muchas de las recomendaciones expuestas por el Consejo de Cuentas son las mismas que las que aparecían en el informe de 2015. Apostó por “actualizar” la ley para “armonizar” las cuentas y reducir los gastos. La procuradora socialista recordó que hay que definir adecuadamente los gastos de propaganda, tras la irrupción de los nuevos modelos tecnológicos.

Pablo Izquierdo, de Ciudadanos, también valoró la bajada de un 36 por ciento de los gastos electorales subvencionables, que es uno de los objetivos que persigue la formación naranja para ser “más eficientes” y “más sostenibles”. Abogó por “actualizar” la ley actual para incluir las plataformas digitales de microcréditos, que cada son más utilizados por los partidos y las empresas. Algo que, a su juicio, se debería aprovechar para “abrir el frasco” y abordar nuevos temas, sobre todo relacionados con el control del gasto.

Por el Grupo Mixto, asistió Luis Mariano Santos, de UPL, quien destacó que los gastos presentados por los partidos políticos han sido justificados y abonados. También, manifestó que si ninguna formación ha presentado alegaciones a las recomendaciones planteadas por el Consejo de Cuentas significa que esos planteamientos han sido aceptados, entre otras cosas por que no son “excesivamente difíciles” de cumplir. En cuanto al retraso de su partido en el pago de una factura de 726 euros, más allá de los 90 días, lo imputó a la empresa (un medio de comunicación) al no emitirla en ese plazo.

Por último, Mario Amilivia agradeció la colaboración “ejemplar” de las formaciones políticas puesto que presentaron su contabilidad electoral ante el Consejo de Cuentas, con la documentación contable y justificativa exigida y dentro del plazo legalmente establecido. En este sentido, reconoció que el procedimiento telemático ha permitido agilizar la rendición de cuentas.

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