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Violeta R. Oria El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso del Bipartito contra la sentencia del Contencioso Administrativo que declaraba nulo el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada para fijar los sueldos y establecer la organización del nuevo equipo de gobierno, tras la moción de censura que llevó a Samuel Folgueral a la Alcaldía. En la misma sesión se efectuó la toma de posesión de Sergio Gallardo como concejal.
Fue un pleno celebrado con urgencia el pasado Sábado Santo y que el Grupo de Concejales Populares denunció por “no ser ajustado a ordenamiento jurídico”.
Ahora, al ratificarse la sentencia que lo declara nulo, dicha nulidad se extiende a los acuerdos tomados en el mismo. Y ello, según los concejales populares Reiner Cortes y Neftalí Fernández, implica que los concejales el Bipartito tendrán que devolver más de 900.000 euros en retribuciones y que Sergio Gallardo no es concejal. Ambos ofrecieron hoy una rueda de prensa para explicar el alcance de la resolución judicial, que tiene efecto a partir del día de hoy.
“Fallo diabólico”
En opinión de Cortés, también es posible que haya que revisar todos los acuerdos que se hayan tomado en estos dos años con mayoría absoluta, si bien, la ejecución de la sentencia, de este “fallo diabólico”, “que no admite interpretación”, según Fernández, corre a cargo del Juez de lo Contencioso Administrativo de León.
“Que paguen las costas de su bolsillo”
El PP también ha pedido al equipo de gobierno que pague las costas del proceso “de su bolsillo”, “que no cueste nada al Ayuntamiento, bastante servicio le han hecho los servicios municipales preparando el recurso y otros trámites”, afirmó Fernández.
Folgueral valora recurrir la resolución
Samuel Folgueral afirma acatar y respetar el fallo si bien entiende que los tribunales sentencian simplemente que ese pleno no debería haberse celebrado puesto que consideran que no era extraordinario ni urgente, por lo que su equipo “está tranquilo”.
Destacó asimismo que la sesión se convocó con el visto bueno de los servicios municipales y que, según las consultas que ha realizado, entiende que el hecho de que se anule el pleno no implica que se anulen los acuerdos tomados en él. Así aludió al “Principio de Apariencia del Funcionario”, por el que -explicó- “si un Juez toma posesión de una plaza y el acuerdo se desestima con posterioridad los fallos realizados durante ese tiempo no pueden ser anulados”.
La oposición del PP mantiene que aunque el equipo de gobierno intente “la casación, ir al Tribunal Constitucional… lo que quiera” -según Cortes y Fernández- tan solo conseguirá “dilatar” la ejecución de una sentencia “que finalmente saldrá adelante”.