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V.A. / J.A Superados los 100 días en el cargo con una intensa agenda, la delegada del Gobierno en Castilla y León defiende el giro social recogido en el acuerdo de presupuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde no contempla otro escenario que no sea su aprobación. Virginia Barcones (Berlanga de Duero, Soria, 1976) apela a la colaboración institucional y advierte de que han venido a resolver problemas de los ciudadanos y no van a “perder un minuto en excesos verbales”, que admite que se han producido por la Junta. Confía en que la anunciada estrategia contra la despoblación se presente en primavera y destaca el trabajo conjunto en la crisis de Vestas para buscar una alternativa industrial. Como ‘número dos’ del PSCyL, expresa su compromiso con la Comunidad y se pone a disposición de Luis Tudanca ante las elecciones de mayo de 2019.
Qué ha cambiado en la vida de los ciudadanos, y en concreto de los castellano y leoneses, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno
El cambio fundamental es volver a un Gobierno que pone a los ciudadanos y sus necesidades en el centro de la acción política. Un Gobierno social con una clara vocación de recuperar derechos y de eliminar todos los recortes tan brutales, que encima han afectado de una manera especial a aquellos colectivos que eran más vulnerables. Hemos empezado dando pasos muy importantes que en este proyecto de presupuestos, que hemos remitido a Europa. Es decir, todo un paquete de medidas sociales importantísimas. Al final, las personas en el centro de la acción política recuperando derechos y eliminando esos recortes tan brutales que tanto han dañado.
Habla de eliminar recortes, pero en algunas críticas al Gobierno de la oposición, ¿existe algún trato de favor a comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía a través de negociaciones bilaterales?
Algunas de las críticas políticas que estamos viendo desde luego responden a una muy baja lealtad institucional. El partido que ahora está en el Gobierno ha sido tremendamente leal con este país y con las circunstancias que en cada momento se han venido determinado. Me sorprende porque estas y otras críticas en algunos momentos resultan casi hasta cuestiones muy manidas.
Se ha hablado de cantidades concretas en esas reuniones bilaterales, como 1.459 millones en infraestructuras pendientes en Cataluña. ¿Hay una cifra así en el caso de Castilla y León?
Igual que se ha hecho con otras comunidades se repasarán las necesidades que tiene Castilla y León. Pero lo que puedo garantizar es que el compromiso que ha mostrado el Gobierno de España con esta Comunidad es incuestionable.
¿En que basa la garantía de que es incuestionable el compromiso del Gobierno con Castilla y León?
Un ejemplo concreto, como podríamos hablar de otros más: la Autovía del Duero, una infraestructura que viene de largo pero que el Gobierno es sensible a la necesidad que tenemos de acabar esa infraestructura y se comprometió a seguir avanzando. Este es un ejemplo, podríamos poner muchos más en el compromiso claro del Gobierno de España con Castilla y León. Podríamos hablar de la prioridad de la estrategia de la despoblación es un problema de estado y hay que buscar una solución que provenga de la acción coordinada. Aquí quiero recordar la línea de 80 millones de euros dentro del Plan de Garantía Juvenil para municipios.
Se ha presentado un acuerdo de presupuestos con Podemos, ¿teme que no se puedan aprobar?
La aprobación depende de todos los grupos políticos que se sientan en el Congreso y en el Senado. Es decir, cada uno tendrá que decidir y ser responsable de lo que haga. Yo no entiendo que puede haber de negativo por parte de todos los partidos, el PP, Ciudadanos, no sólo los independentistas, el que se incremente el salario mínimo interprofesional a 900 euros. No entiendo que se puede ver mal en la educación de cero a tres años, ni en todo ese paquete de medidas sociales que pone a las personas en el centro de la acción política. Creo que quien no dé su apoyo a estos presupuestos sociales, que vienen a quitar muchos de los recortes que tanto han dañado a las personas, lo tendrán que explicar.
De no poder aprobarse los presupuestos el presidente del Gobierno debería convocar elecciones o podría seguir con una prórroga de los actuales
No contempló en estos momentos esa situación. A mi me parece tan impensable que cosas que son tan buenas para la ciudadanía, para los colectivos más vulnerables no pudieran salir adelante que creo que desde luego ese escenario ni lo contemplo.
Aunque no contempla ese escenario, en caso de que no hubiera cuentas estatales, ¿cómo afectaría a Castilla y León?
Hemos calculado qué incidencia tendría en esta Comunidad las medidas que han sido presentadas. En la actualización de las pensiones conforme al IPC 611.938 personas se verían beneficiadas; la subida del tres por ciento a las pensiones mínima y no contributivas 195.568 ciudadanos; el aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad casi 8.000 padres; la recuperación del 125 por ciento de la cotización del subsidio casi 17.000 personas; la recuperación del subsidio para más de 52 años 2.213 personas; el incremento hasta 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional a 72.000 castellanos y leoneses. Y la universalización de la escuela para niños de cero a tres años 50.326 beneficiados. La parte social, esas grandes cifras, tienen cara, tienen nombre y apellidos en esta Comunidad.
¿Tienen certezas de que con el nuevo presupuesto se permitirá finalizar tramos o avanzar en la Autovía del Duero?
Aquí hay que ser honestos y contar las cosas como son. Donde no hay declaración de impacto ambiental no puede haber proyecto y donde no hay proyecto no podemos licitar obra. Tramos que les falta la supervisión de proyectos, como era el caso de Quintanilla de Arriba hasta Tudela de Duero, se agilizó para que en el primer trimestre del año podamos licitar obra. Y luego tenemos otros tramos como de Castrillo de la Vega, en Burgos, a Quintanilla en Valladolid, que nos hemos comprometido a incluir en los presupuestos del Estado para el próximo año una partida suficiente para la redacción de estos proyectos. Y en tramo de la parte de Zamora lo que hay que hacer es que se hagan las declaraciones de impacto ambiental, que fruto de estos siete años ya no están vigentes.
Como es una legislatura más corta con límite al 2020, si se alarga al máximo, ¿qué la gustaría que quedara hecho de esto lo expuesto?
Todo lo posible. Es decir que en cada uno de los tramos le hayamos dado el impulso necesario, dentro de las posibilidades que hay, para que esto haya avanzado. Me gustaría que donde se hacen obras, las veamos acabadas. Que los tramos que se pueden licitar, se liciten rápidamente para que puedan comenzar las obras. Que donde no hay proyecto, hagamos proyecto. Pero en la Autovía del Duero estoy satisfecha de la receptividad y que el Gobierno de España ha entendido lo importante que es esta infraestructura para Castilla y León y para España.
¿Estrenarán los sorianos algún tramo en 2019?
Voy a decir que estoy segura de que sí. Creo que más de uno.
En Burgos existía el impulso del Plan Extraordinario de Inversiones, que dejó el anterior Gobierno con financiación privada, para un tramo de la A-73.
Había mucha ciencia ficción y poca realidad en muchas de las cosas que se estaban planteando. Este Gobierno asume las infraestructuras con absoluta responsabilidad, sin crear películas de ciencia ficción. Voy a poner un ejemplo que nos encontramos nada más llegar: resulta que el ministro anunció que iba a haber un tramo de la Autovía donde se llevaba tramitando durante dos años un modificado que la empresa se negaba a firmar. Pero el ministro decía que se iba a concluir, sin resolver el modificado, sin firmar la empresa. Qué alguno se pregunta como iba a concluir, y de ahí muchos problemas que hemos sido capaces de resolver como es nuestra obligación.
¿El Gobierno de Pedro Sánchez abrirá la línea de alta velocidad hacia Burgos?
Yo creo que sí. No se si en esta Legislatura o en la próxima, pero seguro que el presidente Pedro Sánchez va a ser capaz de ello (risas). En cuanto al AVE a Burgos, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) fija para mediados de 2019 el final de las obras.
La reforma de la financiación está pendiente y se ha cuestionado que el Gobierno tenga voluntad de avanzar, ¿le preocupa que pueda ser así y, en particular, por la situación en Cataluña?
Hace más de cuatro años que cumplió el modelo vigente en un momento en que el PP tenía mayoría absoluta, pese a esto no se inicio ni se acabo un nuevo modelo. El presidente del Gobierno está haciendo una ronda con todos los presidentes autonómicos y está viendo en qué disposición y qué necesidades hay para poder llegar a un acuerdo. En lo que respecta a Castilla y León hay un consenso de comunidad en el que están determinadas las necesidades y estas las conoce el Gobierno de España.
Está pendiente que se presente la estrategia contra la despoblación, ¿no va a llegar tarde en vista de la situación de Castilla y León?
Para la Comunidad es fundamental la estrategia contra la despoblación en la que hay que aunar la voluntad de todas las administraciones públicas. Desde Europa con la captación de recursos, el Gobierno de España, las comunidades y las entidades locales, que a mí me parece que tienen que tener un papel destacado en la propia estrategia porque es la administración que está más cerca en el territorio. La comisionada ha dicho que estará para la primavera. Pero hay que hacer un trabajo que no se había hecho, que es sentar a las comunidades, a las entidades locales que se está haciendo para generar ese acuerdo y para que esto realmente sea una estrategia bien armada, y en la que creo que hay que buscar la colaboración público privada. Es importante, fijar el problema de la despoblación, quién lo tiene, por qué se ha producido y en qué medidas necesita la activación de políticas públicas. En función a la gravedad de cada uno de los territorios habrá que aplicarle al enfermo más o menos medicina, más o menos políticas públicas, y ese trabajo me consta está muy avanzado.
¿Habrá o se contemplan medidas de discriminación positiva como la exención de impuestos a empresas en el medio rural, entre otras?
Yo siempre he defendido que al final la gente que vive en los territorios despoblados, que es el medio rural, tienen una desventaja competitiva tanto las empresas como los ciudadanos para su vida cotidiana y esto supone costes adicionales y habrá que buscar las mejores fórmulas para compensar y equilibrar el coste de vivir y producir en territorios despoblados. Me consta que se trabaja para que haya medidas desde todos los ministerios que es la única manera en la que vamos a conseguir revertir esta situación.
¿Están satisfechos con la colaboración del Gobierno y la Junta en la crisis industrial de Vestas?
Teníamos claro que teníamos que trabajar las administraciones juntas, de la mano de los sindicatos y del comité de empresa. Se trató en primer término de que la empresa no se fuera, pero pudimos ver cómo no existía ninguna herramienta legal para impedirlo. Por ello, se apostó por el trabajo coordinado para hacer entender a la compañía de que tenía que asumir su responsabilidad social. Lo importante era no perder el empleo y la capacidad productiva. En ese sentido el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa para ordenar la salida y para garantizar que se pudiera buscar otro industrial. Nosotros hemos trabajado en todo momento de la mano y conjuntamente con la Junta de Castilla y León y seguimos haciéndolo.
¿Está más cerca la solución?
Desde el Gobierno de España siempre nos ha gustado ser mi prudentes, porque también hay que administrar las expectativas de la gente. Sabemos que son procesos muy complejos y que tienen muchas aristas, lo que no quita para que no hayamos perdido ni un segundo de trabajo y para que se estén analizando todas las posibilidades. El Gobierno va aponer a disposición de cualquier industrial que tenga un proyecto solvente todo el acompañamiento existe, en colaboración con la Junta. Yo soy optimista por naturaleza.
La Junta ha criticado la falta de alternativas en el acuerdo suscrito por el Gobierno con los sindicatos en materia de minería
Si el diálogo social es bueno, el diálogo siempre es bueno. Lo que ha hecho el Gobierno de España es diálogo social. Me sorprende, porque si echamos la vista atrás, veremos como había 5.000 mineros, luego 3.500 y ahora no llegan a 350. Es preocupante que todo este tiempo, estos siete años, en vez de haber estado generando esas alternativas, porque las obligaciones con Europa eran conocidas, esa transición no se haya hecho. El Gobierno ha sido responsable con Europa y con la normativa, pero sobre todo ha caminado hacia esa transición justa, que tiene dos partes, la social, los trabajadores, y el territorio, para buscar esas alternativas en la que se está trabajando y se van a llegar acuerdos. Vamos a hacer lo que se debería haber hecho hace tiempo, que es poner recursos para generar esa alternativa.
¿Cómo recoge el Gobierno la acusación de la Junta de haber enterrado la minería?
En estos cuatro meses, yo he tenido como bandera la colaboración institucional. Todo lo que sea bueno para Castilla y León yo lo voy a promover e impulsar, pero desde el primer día me he visto sometida a excesos verbales por miembros de la Junta de Castilla y León. Desde luego por parte de los representantes del Gobierno de España no van a oír estos excesos verbales. Hay que ser responsables y hay que gobernar.
¿Cómo avanza ese otro acuerdo que define como “territorial”?
Con los ayuntamientos mineros se está trabajando en todas las posibilidades de poner en marcha programas reales para generar algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Transición justa, cambio justo y para que sea justo, hay que buscar alternativas en lo social y en lo territorial, hay que promover alternativas. Eso necesita de recursos, de planificación, de estrategia… en un precioso tiempo que se ha perdido sin hacer nada. Desde luego este Gobierno tiene claro que la transición tiene que ser justa.
¿Observa excesos verbales en la crítica del Gobierno de Herrera al Ejecutivo central y en especial a la ministra de Transición Ecológica por la minería y el diésel?
Uno puede discrepar en lo institucional y mostrarlo de una manera respetuosa. Con la ministra Ribera algunas consejeras o la portavoz han tenido comentarios fuera de lugar e incluso conmigo. Desde luego, eso no resuelve los problemas de ningún ciudadano. Nosotros hemos venido a resolver problemas y a buscar la colaboración institucional. El Gobierno de España lo tiene clarísimo. Queremos resolver problemas de la gente y muchos hay que resolverlos de la mano de otras administraciones públicas y no vamos a caer en ese tipo de excesos que provendrán de sus propias circunstancias y nosotros no vamos a perder un minuto en eso.
¿Le preocupa el ascenso de la extrema derecha y que pueda arrastrar a otros partidos hacia esas posiciones?
A mí las posiciones de extrema derecha me preocupan muchísimo, porque desde luego que tienen planteamientos muy alejados de cómo yo entiendo la sociedad, a las personas, libres e iguales, y espero que no se dejen arrastrar los partidos que tradicionalmente han sido de centro-derecha o derecha. Yo espero que sigan en esa moderación.
En su condición de dirigente socialista, ¿cómo ve al nuevo PP que preside Pablo Casado?
Veo cosas muy preocupantes, de regresión en sus posiciones políticas, como con la Ley del Aborto, que proponen volver a hace 30 años. Es decir, cuando la propia sociedad, cuando las mujeres estamos reivindicando nuestro papel, nuestros derechos, proponer medidas que regresan a años que ya creíamos que estaban superados, son posiciones desconcertantes.
Una de las banderas de Pedro Sánchez ha sido el listón moral. ¿Ha calado en Castilla y León?
Siempre hemos sido muy estrictos con el código ético. Castilla y León a lo largo de esta Legislatura, y esto lo digo como vicesecretaria autonómica del PSOE, ha mostrado de forma evidente la necesidad de que haya una regeneración en las instituciones. De aquello que parecía que Castilla y León estaba ajena, estaba muy inmersa. Los ciudadanos decidirán, pero desde luego Castilla y León no era lo que parecía en cuanto a comportamientos éticos.
Por último, ¿irá en las listas de las próximas elecciones autonómicas al ser la ‘número dos’ del PSOE de Castilla y León?
Yo en este momento soy delegada del Gobierno en Castilla y León, pero hay dos cosas que yo siempre he dicho públicamente. Yo creo en esta Comunidad y quiero seguir trabajando en Castilla y León. Como siempre estoy a disposición de los ciudadanos de Castilla y León, pero pertenezco al PSOE y en todo momento he seguido y seguiré la instrucciones que me marque mi secretario general Luis Tudanca, dentro de mi voluntad de seguir trabajando en Castilla y León.