El “caso Ábalos” salpica a La Cabrera con detenidos y pizarreras de por medio

La ramificación de la presunta trama tendría una empresa que lavaba dinero en la industria pizarrera de La Cabrera, entre otras comarcas
Corporales

Una red de individuos presuntamente involucrados en la venta y comisión de millones de euros por mascarillas dirigió una porción de los fondos obtenidos hacia la industria de la pizarra en la comarca leonesa. Este eslabón de la trama incluye a un guardia civil retirado, detenido en la operación.

La comarca leonesa de Cabrera, una de las regiones más despobladas de España, ha sido parte del caso Koldo o ‘operación Delmore’, iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, junto con una veintena de personas, por su presunta participación en un esquema de comisiones millonarias relacionadas con la venta de mascarillas durante la pandemia.

Uno de los arrestos significativos ocurrió en el territorio leonés, específicamente en la pequeña localidad de Corporales, con apenas 105 habitantes registrados, ubicada en el municipio de Truchas. Allí se detuvo a un subteniente retirado de la Guardia Civil, quien anteriormente había trabajado en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez, y que estaba vinculado a los negocios pizarreros asociados con las empresas de la trama. La detención se llevó a cabo a las 8 de la mañana hace dos días y posteriormente fue trasladado al cuartel de Astorga. Después de prestar declaración, fue puesto en libertad, aunque continúa siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal, según lo estipula la causa que se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Pizarras Santa Bárbara

Desde hace meses, este subteniente alquilaba una vivienda en Corporales, compartida con otros individuos relacionados con sus actividades en la industria de la pizarra, según fuentes de la zona. La economía principal de la comarca de Cabrera se centra en la extracción de pizarra ornamental, con numerosas explotaciones, incluso en zonas declaradas como monumentos naturales, como el Lago de La Baña, con poca intervención de las autoridades.

El guardia civil detenido se considera una figura clave en la trama, de acuerdo con la investigación, ya que desempeñó un papel crucial en la adjudicación de contratos de mascarillas valorados en 53 millones de euros, de los cuales se sospecha que los implicados recibieron comisiones. Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el suboficial mantenía una estrecha relación con Koldo García y ejercía influencia, debido a su pasado en el Gobierno, «sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados», como Puertos del Estado y Adif.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO indican que parte de las comisiones obtenidas por Koldo García y los empresarios investigados, Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto Martín, se destinaron a iniciar un negocio de pizarras. Asimismo, se vincula al subteniente José Luis Rodríguez García con este negocio y con el empresario Juan Carlos Cueto Martín. El suboficial utilizaba un vehículo registrado a nombre de una empresa propiedad del empresario y formaba parte de «un grupo» que coordinaba todas sus acciones con Cueto.

Se afirma que Cueto lideraba la trama empresarial que operaba a través de la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para obtener contratos por valor de 53 millones de euros para suministros sanitarios durante la pandemia. El guardia civil trabajaba secretamente para él y mantenía una estrecha relación con Koldo García. Según Luis Pastor, fiscal que lleva el caso ante la Audiencia Nacional, «La vinculación observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez García conecta directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios».

Según la investigación, el 10 de febrero, Koldo y el guardia civil tuvieron una comida en el restaurante La Chalana de Madrid, durante la cual fueron grabados por agentes de la UCO, quienes informaron que el subteniente Rodríguez estaba al tanto de que Cueto había obtenido ganancias por valor de 20 millones de euros gracias a los contratos de material sanitario. Cueto ya estaba implicado en otro caso de corrupción relacionado con la venta de armas en África, conocido como ‘caso Defex’.

Cuartel de la Guardia Civil

La presencia del guardia civil en Cabrera en los últimos meses era frecuente, según testimonios de residentes locales. Para establecer su negocio de pizarras, realizó varias contrataciones y consultas públicas sobre las acciones a seguir en el sector.

Los investigadores relacionan a Juan Carlos Cueto Martín y Víctor Gonzalo de Aldama con varias empresas pizarreras, aunque no aparecen formalmente como parte de ellas. La empresa que vendió las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, tiene como único administrador a Daniel Sierra Monedero, quien también representa a las empresas Pizarras Santa Bárbara SL y Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara SL, domiciliadas en Madrid. El guardia civil detenido estaría involucrado de manera no oficial en la gestión de estas empresas.

Los negocios pizarreros del subteniente José Luis Rodríguez García se concentraban en el municipio de Truchas, donde había alquilado una antigua nave en las afueras para procesar la piedra. Además, tenía planes para la extracción de piedra de una cantera en la localidad de Cunas, la cual había sido explotada durante años por una sociedad del grupo Lamelas Viloria y cerrada tras la quiebra de la concesionaria Pizarras Forna en 2016.

En noviembre pasado, Pizarras Santa Bárbara solicitó el uso del monte de Cunas para la explotación de un yacimiento de pizarra ornamental, específicamente la explotación minera denominada ‘María del Pilar 1’, de la cual esperaban extraer pizarra durante 30 años. Hasta la fecha, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León no ha resuelto este procedimiento.

Segunda parte: La trama conocida como “Ábalos-Koldo” expande también sus operaciones a Valdeorras.