ESPECIAL EDUCACIÓN

Castilla y León recibe 4,5 millones del Fondo de Cohesión Territorial

La cantidad supone una cuarta parte del reparto nacional
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. / Juan Lázaro

Castilla y León recibirá 4,5 millones del Fondo de Cohesión Territorial para 2024, una cuarta parte de la cifra nacional, que asciende este año a 20,2 millones, según el reparto aprobado este martes en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y a la que han asistido representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas.

Tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el Fondo estará dotado con 20,2 millones de euros. El importe se repartirá atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales y financiará proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, “consolidando la cohesión territorial”.

“Con la aprobación del reparto del Fondo lo que hacemos es dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con un espíritu de colaboración muy importante, entre los distintos niveles de la administración”, subrayó la vicepresidenta, quien celebró que “se consolidan los fondos destinados a incentivar proyectos innovadores que buscan nuevas maneras de resolver algunos problemas que no encajan en las políticas y las competencias tradicionales de las comunidades autónomas y que están sirviendo para aprender y poner en valor muchas de las iniciativas enormemente innovadoras que se están desarrollando en los territorios”, defendió Ribera.

Dinamización socioeconómica

Este fondo se configura como una “herramienta fundamental” para articular de manera transversal una política de cohesión socio-territorial centrada en el reequilibrio de derechos y oportunidades de la ciudadanía. Así pues, el objetivo es “impulsar un modelo territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local social, económico y medioambiental, integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades”.

Con este fin, las acciones e iniciativas seleccionadas por las comunidades autónomas deberán cumplir, simultáneamente, varios objetivos. Entre ellos, promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial, más integrado, equitativo e inclusivo; abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios públicos (sanitarios, educativos, habitacionales o relativos a la movilidad y la conectividad territorial); promover medidas de ordenación del territorio con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de declive demográfico; y garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.

Este fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se articuló por primera vez en el reparto de fondos de 2022. Desde 2021 se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico 176 millones –67 con cargo a los PGE en el periodo 2021-2024 y 109 millones del Plan de Recuperación en los ejercicios 2022 y 2023–.

Impulso al desarrollo municipal

La complejidad de la problemática relativa a la despoblación del territorio hace que su tratamiento requiera que las políticas públicas destinadas a abordar las necesidades derivadas de la desigualdad social y su distribución territorial tengan como objetivo “irrenunciable el fomento de la actividad económica”.

En este sentido, el Fondo de Cohesión territorial podrá beneficiar a más de nueve millones de españoles residentes en 6.724 municipios, con lo que “busca mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de toda la población, así como reducir la brecha territorial, a través de la financiación de proyectos tractores que fomenten el desarrollo económico y social en municipios menores de 20.000 habitantes fuera de las Áreas Urbanas Funcionales”.

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