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R. Travesí
La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 38 megavatios (MW), de los que el 84 por ciento correspondió a Castilla y León, por lo que la Comunidad acumula 5.593 MW en 243 parques y consolida aún más su liderazgo en esta energía limpia. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseguró, según información recogida por la agencia Ical, que esos nuevos parques ya estaban recogidos en el antiguo Registro de Preasignación y no habían sido instalados antes por “problemas ajenos a los promotores”. De ahí que estos permisos podrán acogerse a la retribución de las instalaciones anteriores a la reforma energética.
El resto de la potencia instalada en 2016, además de los 32 de Castilla y León, corresponde a los primeros megavatios instalados del cupo canario (4,6 MW) y una repotenciación en Galicia (2,1 MW), según el Acta de Puesto en Servicio recabada por la Asociación Empresarial Eólica. De esta manera, España contaba a 31 de diciembre de 2016 con 23.026 MW. En la actualidad, la Comunidad acapara el 24,1 por ciento del total de la potencia eólica instalada en el país, seguida muy de lejos de los 3.807 MW de Castilla-La Mancha (16,5 por ciento); los 3.338 MW de Andalucía (14,5 por ciento) y los 3.330 MW de Galicia (14,4 por ciento).
La AEE, que representa a 200 empresas, criticó la “parálisis” en que está sumido el mercado desde la entrada en vigor de la reforma energética. No en vano, precisa que en los últimos tres años “solo” se han instalado en el país 65 megavatios, frente a los 2.334 MW del trienio anterior. Una situación que, según la asociación que representa al sector eólico, ha obligado a los fabricantes de aerogeneradores y componentes ubicados en España a exportar “prácticamente” el cien por cien de lo manufacturado en el país en este periodo. “El mercado español complica la permanencia de esta industria en el país”, sentenció.
Y eso que esta patronal recuerda que la Planificación Energética 2015-2020, elaborada por propio Gobierno, contempla 8.500 MW renovables para cumplir con los objetivos europeos en 2020, de los que 6.400 MW (el 75 por ciento) deberían ser eólicos. Para ello, la Asociación Empresarial Eólica asegura que es necesario “garantizar” un marco regulatorio “favorable”, “estable” y “predecible” a largo plazo para dar seguridad jurídica a las inversiones. Supone la eliminación de “elementos de incertidumbre” como que la rentabilidad razonable de los proyectos pueda modificarse o los límites a la senda de precios del mercado prevista que impiden que se alcance la rentabilidad que garantiza la ley.
Garantías a los inversores
El vicepresidente de la AEE, José López Tafall, considera “imposible” que España se sume a la transición energética que se vive en el mundo si no resuelve la situación regulatoria. “Estamos a punto de cerrar el primer semiperiodo regulatorio de la reforma energética. Si en el primer plazo de aplicación de la regulación el sector ingresa 630 millones menos de lo previsto para llegar a la rentabilidad razonable que le promete la ley, ¿por qué van las empresas a invertir? Hay que dar garantías a los inversores si queremos que el sector eólico tenga un futuro en España”, explica.
En definitiva, garantías a los inversores y beneficios a los consumidores. No en vano, esta entidad empresarial recuerda que la energía eólica ahorró al sistema eléctrico 15.709 millones de euros en cuatro años y 227 euros a cada consumidor medio. Tanto que precisa que si en España no hubiese 23.000 MW eólicos que proporcionan energía limpia y autóctona a los consumidores, en 2016 el precio del mercado eléctrico hubiese sido un 28 por ciento más alto. La eólica generó 47.721 Gigavatio por hora (GWh), una cantidad muy similar a la de 2015, y abasteció de electricidad al 18,4 por ciento de los españoles.