Castilla y León, el Principado de Asturias y Cantabria exigieron hoy al Estado una financiación autonómica que cubra los “gastos reales”, dado que cada territorio debe tener “diferente consideración” al incrementarse el coste de la prestación de servicios en lugares con mayor envejecimiento o dispersión de la población.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que el modelo de financiación es “antiguo y malo”, por lo que se debe “negociar entre todas las comunidades de manera multilateral y que no haya encuentros bilaterales con ninguna parte del país”.
En segundo lugar, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico afirmó que dicha financiación tiene como “objetivo fundamental garantizar todos los servicios públicos de los ciudadanos allá donde vivan”, ya que la población es un “elemento importante, nadie lo va a negar, pero hay otros elementos, como el envejecimiento o la dispersión”. Todos ellos “se van a plantear de manera conjunta cuando se conforme un gobierno en este país con seriedad”, anunció.
Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, detalló que “hay aspectos fundamentales para definir la financiación”, por lo que desde el Principado se va a realizar una “alianza amplia en defensa de una financiación que tenga en cuenta todos estos parámetros”. Si la financiación va dirigida “solo a la población, las regiones que tengan que hacer frente a la despoblación estarán en una situación de perjuicio”, explicó.
Hay factores en la financiación que son el “punto de partida, ya que nadie puede perder respecto a las aportaciones que existen en el momento presente”, aun así, “el Estado tendrá que ampliar la tarta al ser insuficiente”, reconoció.
En este sentido, el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, apuntó que “la despoblación es un desastre”, quien aseguró que “la ley de financiación que quieren imponer en Madrid, Andalucía o Comunidad Valenciana, entre otras, sería la puntilla para los ciudadanos que viven en los pueblos”. “Repartir el dinero en función de la población es la mayor injusticia del mundo”, apostilló.
Ostentar los mismos derechos tiene un “cote distinto en unos lugares que en otros, hasta de 15 veces”, afirmó Revilla. Un colegio en una urbanización de Madrid tiene un coste “mucho menor que ofrecer el mismo servicio en municipios de regiones como como Castilla y León, Cantabria o Asturias”, añadió.
Revilla señaló que se habla de potenciar los pueblos para que no cierren, pero parece que “solo importan en elecciones, y como los votos de Asturias o Cantabria no desequilibra la tanda nacional, puede que prime el interés político y no se lleve cabo nada”, aseveró.
