Num: 7015 | Viernes 21 de enero de 2022
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Castilla y León se suma al acuerdo educativo que apuesta por la actividad presencial el próximo curso

El pacto de 14 puntos recoge orientaciones para reforzar los déficits por la suspensión de las clases y medidas para reducir la brecha digital

Alumnos en clase. / EBD

La Junta de Castilla y León se sumó este jueves al acuerdo que alcanzaron el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y todas las comunidades excepto Madrid y País Vasco, y que adopta la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020-2021, siempre con el máximo de garantías necesarias frente al coronavirus.

El acuerdo de 14 puntos, que contó con el voto positivo de la consejera Rocío Lucas en la Conferencia Sectorial de Educación, recoge orientaciones para reforzar los déficits de aprendizaje provocados por la suspensión de actividad educativa presencial a causa del covid-19 y para reducir la brecha digital.

De esta forma, Gobierno y comunidades pactaron de acuerdo a la información remitida por el Ministerio que el curso comience en las fechas habituales del mes de septiembre, cumpliendo el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias concretas de los centros. La actividad lectiva presencial será el principio general, si bien las administraciones harán lo posible para asegurar la modalidad presencial, cuya importancia ha quedado demostrada este curso, según Educación.

Por otra parte, Ministerio y comunidades acordaron que los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados a raíz de la pandemia y permitir así al alumnado alcanzar los objetivos previstos. Siguiendo las directrices de las administraciones educativas, los centros elaborarán también planes de seguimiento y de apoyo para los alumnos que experimenten dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias actuales.

Además, cada centro deberá tener de forma complementaria un plan de inicio de curso y planes de contingencia que prevean las actuaciones a realizar en función de los distintos escenarios que puedan irse presentando.

El acuerdo prevé también trabajar con los servicios de prevención de riesgos laborales para reducir al mínimo los riesgos del conjunto de la comunidad educativa. Los centros mantendrán con el alumnado sesiones informativas y de recuerdo de las recomendaciones higiénico-sanitarias. En relación a los servicios complementarios habituales, como el transporte y los comedores, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.

Lucha contra la brecha digital

El Ministerio informó de que otra prioridad será la de reducir la brecha digital, que el confinamiento ha puesto de manifiesto. De esta forma, se prestará una especial atención a la dotación de equipamiento para los centros educativos y para los alumnos, mediante sistemas de entrega o de préstamo. Al mismo tiempo, se promoverán las acciones de formación digital del profesorado y del alumnado y el asesoramiento de las familias.

Además, Educación y las consejerías responsables de Educación intensificarán también las acciones de colaboración para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza, el aprendizaje y la formación de los diversos sectores de la comunidad educativa.

Igualmente, el Ministerio pondrá en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos de estudiantes que más han sufrido las dificultades vividas y la dotación en equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo.

Por último, las administraciones educativas se comprometieron a fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada frente a circunstancias imprevistas.

Protocolo de higiene y seguridad

El Ministerio presentó durante la reunión un documento base elaborado junto al de Sanidad con medidas de higiene y seguridad para garantizar la detección precoz de posibles casos de COVID-19 que será trabajado conjuntamente con las comunidades y las autoridades sanitarias para alcanzar una propuesta consensuada.

La Junta informó en un comunicado que este documento se ha desvinculado de la votación a petición de Castilla y León, entre otras comunidades, de modo que se acordó que cada consejería trabajará ese protocolo con las autoridades sanitarias autonómicas para hacer aportaciones y poder acordar un protocolo común para todas.

Al respecto, el Gobierno autonómico recalcó que la consejera Rocío Lucas siempre ha planteado su apuesta por trabajar para que todos los alumnos puedan volver a las aulas en septiembre de forma presencial, si la situación sanitaria lo permite. Así, la consejera agradeció el nuevo planteamiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional en este sentido.

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