La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil abrió un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Carucedo, a raíz de las obras que promovió para abrir una nueva ruta de senderismo en el entorno del lago de Carucedo, el más grande de la provincia de León y catalogado como zona húmeda de interés especial, con un régimen de protección específico, según informaron Ecologistas en Acción, que en enero denunciaron ante el organismo de cuenca las afecciones causadas en el entorno del lago.

En esa línea y según la denuncia de los ecologistas, los trabajos para la puesta en marcha de la nueva ruta “invaden la zona de policía con desbroces de vegetación de ribera, poda y tala de sauces, encinas y álamos de gran envergadura”. Además, las obras suponen la apertura de un camino de dos metros de anchura y su posterior cubrimiento de gravilla en varios tramos del recorrido. “Los humedales son ecosistemas sensibles en riesgo de desaparición”, recordaron los ecologistas, que añadieron que, en el caso del lago de Carucedo, “la protección debería extremarse por estar situado en las inmediaciones del monumento natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad”.

Tras comprobar que el Consistorio, promotor de las obras, no disponía de la autorización administrativa previa que emite el organismo regulador de las aguas, los ecologistas presentaron su denuncia ante la Confederación Miño-Sil, que incoó un expediente sancionador contra el Ayuntamiento. Además, Ecologistas en Acción también denunció el caso ante la Junta y ante el propio Consistorio, sin haber recibido respuesta. “Lamentablemente las obras siguieron a pesar de las denuncias presentadas”, aseguraron los ecologistas.

En ese sentido, recordaron que “no es la primera vez que el lago de Carucedo sufre daños” y lamentaron que “el más frecuente” de estos daños es el que se produce ocasionalmente, por el vertido de aguas residuales procedentes de los núcleos de Carucedo y Borrenes, cuando falla la estación de tratamiento y depuración de aguas. Al respecto, los ecologistas anunciaron que se personarán en el procedimiento para poder seguir de cerca la evolución de un caso que consideran como “una falta más de respeto y protección por el patrimonio natural”. “Esperamos no sólo que se depuren responsabilidades, sino que se obligue a restaurar el paraje aplicando el régimen sancionador de la Ley de Aguas con el máximo rigor”, concluyeron.