Los representantes del Consorcio del tren turístico Ponfeblino acusaron este viernes a la Junta de “dejar escapar” el proyecto y de mostrar “permisividad” ante la desaparición de cuatro de las ocho locomotoras que formaban parte de la antigua infraestructura viaria que unía las minas de la cuenca de Villablino con la central térmica de Compostilla, en Ponferrada. Los representantes del Consorcio anunciaron que denunciarán la posible “negligencia” de la Junta ante el Procurador del Común. Así, la salida entre el 4 y 5 de octubre de Villablino de cuatro de las ocho locomotoras  a consecuencia de la liquidación de Coto Minero Cantábrico -en cuyas manos están los antiguos activos mineros de la MSP- y que fue adelantada en exclusiva por Laciana Digital y El Bierzo Digital, ha sido contestada duramente por el Consorcio.

En ese sentido, los integrantes del mismo denunciaron que “la Junta estaba avisada y sabía que se iba a producir una retirada de locomotoras y no se ha hecho nada para evitarlo” al tiempo que  lamentaron lo que tacharon de “desmantelamiento del parque motor del ferrocarril Cubillos-Villablino”. Y es que, según el Consorcio,  la administración concursal de CMC está intentando “hacer caja” no solo con sus bienes sino también con “los que no son suyos”.

A pocos días de que termine el inventario de bienes puesto en marcha por la Junta y se haga público el expediente de desafectación de la infraestructura y el traspaso de la concesión de la misma al Consorcio, sus representantes adelantaron que “serán pocos” los 900.000 euros que el administrador de la empresa deba reintegrar a la Junta, como contrapartida por la falta de vigilancia del patrimonio.

En esa línea, cifran en “al menos medio millón de euros” el valor de las locomotoras retiradas que, lamentaron, “no revertirán en la ciudadanía de Castilla y León y mucho menos en el territorio del Sil”. Por ello, los responsables del Consorcio acusaron a la Junta de “omitir la defensa de este patrimonio público”, así como de incurrir en “una clara dejación de funciones que incluso podría ser delito”, lo que “demuestra que ni creen en el ferrocarril del Sil como dinamizador del Valle ni atienden a sus propias propiedades de las que únicamente son custodios, no propietarios, pues los propietarios somos el conjunto de la ciudadanía”.