La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal ha anunciado esta tarde de viernes que el Consejo Consultivo ha dictaminado anular los acuerdos del Pleno del 29 de agosto de 2014 y dos juntas de Gobierno del 18 y el 24 de septiembre del mismo año en el que se garantizaba que la Administración local sería el ente que se hiciera cargo de las deudas contraídas durante el Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014 en caso de que la Fundación del Deporte creada para la organización del evento no contase con fondos suficientes para hacer frente a los pagos.
“Las razones son que no se precisa mediante ningún informe cuál era el importe de esas obligaciones que se adquirían. El dictamen habla también de que no hay informe jurídico y que el que hay, que es de intervención, hay que entenderlo negativo porque en él se decía que no habría problema en informar favorablemente siempre que no supusiera un desembolso económico para el Ayuntamiento. Tampoco existía consignación presupuestaria, tampoco estaba en el plan estratégico de subvenciones, faltaba previsión de coste, tampoco había previsión de cumplir con el plan de estabilidad… En definitiva, que no había una definición clara ni de lo que se iba a dar ni el procedimiento. El único límite cuantitativo era el ‘la cuantía que sea necesaria'”, criticó Vidal.
El informe cuenta con más de 40 páginas que todavía tienen que estudiar concienzudamente desde el Consistorio para poder elaborar las consecuencias que supondrá. En todo caso, el dictamen es vinculante, aunque “la declaración de nulidad de los acuerdos corresponde al Pleno. Hay un plazo del entorno de 20 días para que se haga una convocatoria de Pleno para declarar esta nulidad. Se buscó una fórmula para actuar de manera privada dentro del ámbito público. Sí que es cierto que a nosotros nos parecía que el sistema articulado de “acuérdese y páguese sea lo que sea” en una administración pública no valía y nos han dado la razón”.
No obstante, la realidad es que, según Vidal, “hay terceros que pueden contratar a la apariencia de validez de unos actos y hay que protegerlos. En este caso son dos, el Banco Santander y el TUP, los que han actuado a la luz de lo que parecía una validez de actos y habrá que en ese caso, vía indemnización patrimonial indemnizar la cantidad que sea necesaria“. Dicho de otra manera, “para los que defendemos que el procedimiento ha de seguirse nos gustaría que no quedara la idea simple de que pagar hay que pagar. Se indemnizará por responsabilidad patrimonial pero no por otra vía”, zanjó.