El Defensor del Pueblo propone que los cajeros en los núcleos poco poblados sean servicios de interés general

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto declarar los cajeros automáticos y las oficinas bancarias en áreas poco pobladas como servicios económicos de interés general. Esta medida busca contrarrestar el creciente cierre de sucursales bancarias en las zonas rurales de Castilla y León y otras regiones del país.

Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre los desafíos de la inclusión financiera, el 37,6% de los habitantes de Castilla y León no cuentan con una sucursal bancaria en su municipio, el porcentaje más alto entre las ocho comunidades estudiadas. En comparación, solo el 4,9% de los residentes en Andalucía carecen de sucursales en sus localidades.

En cuanto a la disponibilidad de cajeros automáticos, el 36,6% de los residentes en Castilla y León no tienen acceso a estos servicios en su municipio. A nivel nacional, el informe destaca una disminución del 7% en el número de sucursales y un 5% en cajeros automáticos en un año, lo que sitúa el total de cajeros en España en 45.233 unidades.

En respuesta a esta situación, el Defensor del Pueblo insta a realizar un análisis exhaustivo del impacto del cierre de sucursales y a proponer alternativas para garantizar que los ciudadanos no queden desatendidos en materia de servicios bancarios. Además, sugiere fomentar modelos de gestión multimarca para preservar la competencia entre entidades y evaluar la posibilidad de que Correos brinde servicios adicionales en áreas rurales en nombre de las entidades bancarias.