El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC) ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2023 (PNIEC) y la zonificación ambiental, una actuación pionera en la lucha contra la implantación de renovables a gran escala sin la previa adopción de medidas para la protección de la biodiversidad.
La iniciativa de este complejo proceso judicial se hace con cargo al FDJCC y de sus seis entidades promotoras (ADEGA, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos, Bierzo Aire Limpio y la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos). Se trata de la primera iniciativa judicial de carácter estatal que se promueve a través de esta iniciativa, que recaudó el pasado año más mil donaciones que alcanzaron los 49.000 euros a través de una plataforma de micromecenazgo, superando el objetivo inicial de 40.000 euros.
Es objeto de la demanda que se presenta es el acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021, por el que se adoptó la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formuló la declaración ambiental estratégicadel plan y la Zonificación ambiental para energías renovables: eólica y fotovoltaica. La nulidad de dichos actos y disposición reglamentaria se basa en esencia en distintos motivos, según se argumenta en la demanda.
Según explican desde el FDJCC, “el PNIEC aprobado, ni en cuanto al contenido, ni en cuanto al procedimiento seguido para su elaboración, se adapta a la normativa de protección y evaluación ambiental, pues ha sido aprobado sin tomar en cuenta una participación pública (la cual se hizo tras su aprobación) y sin una evaluación ambiental estratégica previa (también posterior a su aprobación) lo cual supone un enorme menoscabo para la protección de la biodiversidad y otros elementos del medio ambiente”.
A ello se une, continúan, “que ni el Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC ni su Declaración Ambiental Estratégica cumplen los estándares mínimos de calidad exigidos legalmente, y tampoco cumplen con el contenido básico que el propio órgano ambiental estableció en el documento de alcance para dicho Estudio ambiental Estratégico”.
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