Aceptar la propuesta de la mesa de contratación y adjudicar el servicio de Limpieza a Urbaser o renunciar al contrato por motivos de utilidad pública y que este vuelva a salir a licitación o, por el contrario, que el servicio se municipalice. Estas son las opciones que este miércoles ha barajado la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada. Y ha sido la segunda, la renuncia al contrato, la opción por la que se ha inclinado la comisión -en la que se incluyen representantes de todos los grupos políticos-, pidiendo una serie de informes para estudiar su viabilidad. “Se han pedido unos informes jurídicos y técnicos para sustentar si hay razones para la renuncia al contrato, para ver si se puede hacer”, explicaba la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, al término de la reunión.
La alcaldesa quiera dejar claro que lo que busca el Ayuntamiento es lo mejor para la ciudad, y nunca favorecer o perjudicar a una empresa u otra. “Si hacemos una adjudicación y luego nos la anulan -una posiblidad-, la empresa adjudicataria puede pedir una indemnización importante; por el contrario, si se renuncia al contrato los licitadores solo tienen derecho a pedir un 3% de los gastos que les hayan generado, esa es la gran diferencia”, detallaba Fernández Merayo, en relación a la maraña legal que viene envolviendo al llamado macrocontrato, realizado por el gobierno del bipartito. “Hoy en día la ley no permite juntar recogida, limpieza y jardines en un contrato y que este saliera a licitación ni que su duración fuera de 10 años. Es además un contrato por debajo del precio del mercado”, manifestando, recordando que se trata de una contratación anterior a la Ley de Contratos.
Con los informes solicitados, el asunto se llevará a un pleno extraordinario el miércoles 20. En el caso de que se tomara la decisión de renunciar al contrato, el siguiente paso sería una nueva licitación, o incluso la municipalización del servicio, por la que apuestan PSOE e IU.
Si se optara por la licitación, Merayo destaca que a la misma podrán presentarse tanto Urbaser como FCC -la empresa que venía prestando el servicio a través del llamado macrocontrato que una sentencia -propiciada por la denuncia de Urbaser- dejó sin efecto. Con relación a estas empresas, enfrentadas en los tribunales, la alcaldesa ha señalado que “es triste” que alguna empresa amenace con acciones legales.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, ha destacado que este problema viene de “otra corporación”, con relación al bipatito. “Se han hecho mal una serie de cosas y ahora lo que hay que intentar es que no vuelva a pasar algo así”, destacó, defendiendo, al igual que Merayo, la necesidad de unos informes que avalen la renuncia al contrato y pidiendo públicamente a los servicios municipales su rápida elaboración.
Por el contario, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, entiende que los informes no son necesarios y que hay que proceder cuanto antes a la renuncia al contrato pues la utilidad pública “está clara”. “Queremos la renuncia y que el servicio pase a ser público. Dejarlo encima de la mesa a expensas de unos informes es ampliar más el plazo de algo que ya debería haberse solucionado cuando vino la sentencia, que era clara: retrotraer los hechos para volver a valorar con el pliego en vigor ese contrato, dado de una manera fraudulenta”, manifestó.
División en el equipo de gobierno
Al mismo tiempo, Fernández considera llamativo que el Grupo Popular haya enmendado la propuesta del presidente de la Comisión, Roberto Mendo, también del PP. “El presidente llevaba el punto de ‘dictamen que proceda sobre la propuesta de adjudicación a Urbaser’; ese punto se sustituyó, a propuesta de otro edil popular, Ricardo Miranda, por otra propuesta del PP, con la asistencia de la alcaldesa a la comisión -sin voto-, para que la valoración de la adjudicación quedara sobre la mesa a la espera de los informes pertinentes para la renuncia al contrato por interés público”, reveló. Este último punto fue aprobado con los votos de los populares Ricardo Miranda, Mari Crespo y Tarsicio Carballo, del PRB. El resto de los ediles se abstuvieron, incluido Mendo, con la excepción del de PeC, que votó en contra.
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