Num: 6066 | Lunes 17 de junio de 2019
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El Consejo Consultivo aprobó 557 dictámenes y 131 recursos contractuales en 2018

Más de la mitad de los dictámenes fueron solicitados por ayuntamientos y diputaciones

Sede del Consejo Consultivo de Castilla y León en la plaza de la Catedral, en Zamora. / J. L. Leal

El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó durante el pasado año 557 dictámenes solicitados por las distintas administraciones de la Comunidad, mientras que en su competencia como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), el órgano de control resolvió 131 recursos de contratación, un 8,3 por ciento más que en 2017.

En relación a la función consultiva, el 52,4 por ciento de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por los ayuntamientos y diputaciones; el 46,7 por ciento (260) por la Junta, a través de sus distintas consejerías, y el 0,9 por ciento (cinco) por las universidades públicas de Castilla y León. A nivel autonómico, la Consejería de Sanidad destacó por el número de dictámenes solicitados, 134, un 24 por ciento de los aprobados por la Institución. Además, 34 fueron solicitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 28 por la de Educación; 17 por la de la Presidencia; 15 por la de Familia; 13 por Agricultura y Ganadería; once por Economía y Hacienda; y cuatro, respectivamente, por las de Cultura y Empleo

Por provincias, Valladolid despuntó en solicitudes de consulta con un 22 por ciento (122), seguida de Burgos con el 15,3 por ciento (85); León con un13,3 por ciento (74); Salamanca, 12,8 por ciento (71); Palencia, 9,3 por ciento (52); Zamora, 7,2 por ciento (40); Segovia, cinco por ciento (28); Ávila, 4,7 por ciento (26) y Soria, 0,72 por ciento (cuatro), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos.

Según las estadísticas, la provincia desde la cual ha surgido históricamente un mayor número de consultas es León, con el resultado de 3.614 dictámenes que representan el 24,5 por ciento. La segunda es la de Burgos con 2.133 (14,4 por ciento) y la tercera Salamanca con 1.868 (12,7 por ciento).

De las consultas solicitadas en 2018 por las nueve capitales de provincia de Castilla y León resultaron 153 dictámenes, que representan el 27,5 por ciento del total de los emitidos en el ejercicio. En el ejercicio anterior, a excepción del Ayuntamiento de Soria, el resto de las consistorios capitalinos remitieron consultas al Consejo, fundamentalmente de carácter preceptivo a causa de procedimientos de responsabilidad patrimonial debido a daños y perjuicios por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos. El Ayuntamiento de Valladolid se consolida en el primer lugar en solicitudes de consulta con 45, seguido del de la capital burgalesa con 30, Palencia con 22, Salamanca, 19; León, 15; Segovia, nueve; Zamora, ocho; y Ávila, cinco.

Según la clasificación de los dictámenes firmados en el año, la tercera parte de ellos 419 (75,2 por ciento) derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las administraciones, 40 de revisión de oficio de los actos administrativos; 38 de reglamentos ejecutivos; 22 de consultas sobre contratación administrativa (fundamentalmente resoluciones de contrato); 12 de recursos administrativos; otros 12 sobre modificaciones del planeamiento urbanístico; once sobre anteproyectos de ley, y uno, respectivamente, de convenios y acuerdos, proyectos de legislación delegada. Además se contabiliza la consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Segovia sobre la composición de los tribunales seleccionadores de pruebas selectivas de policía local.

Por segundo año consecutivo, según informó el propio Consejo Consultivo, destacó el número de reglamentos ejecutivos dictaminados (38), que junto con los once referentes a anteproyectos de ley como son los de la Red de Protección de Personas y Familias Vulnerables, la Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación, la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa o la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera contribuyen a la mejora de la calidad de las normas que afectan al conjunto de Castilla y León.

Sanidad

Por otra parte, la totalidad de las reclamaciones patrimoniales estudiadas por el Consejo, de todas de las que se pudo disponer, arrojó en 2018 un total de 421 millones de euros, siendo las referentes a la sanidad pública las más numerosas. 129 de los dictámenes derivaron de consultas por negligencias o mala praxis sanitaria que sumaron 15,4 millones de euros, de los que se estimaron total y parcialmente 19 procedimientos en los que se reclamaban en conjunto más de tres millones. Los complejos asistenciales de Valladolid, León y Burgos, con 31, 26 y 24, coparon el 63% de las consultas sobre reclamaciones por asistencias médicas.

Sin embargo, en relación a las cuantías reclamadas destacaron los dictámenes derivados de consultas por distintos daños y perjuicios a causa del funcionamiento de los servicios públicos: festejos populares, fugas de agua, tramitaciones de licencias urbanísticas, ruidos, etc. (110 dictámenes y 402 millones reclamados); los derivados de daños generados por el mobiliario urbano (101 dictámenes y 1,4 millones); los derivados de accidentes por el mal estado de las calzadas (63 dictámenes y 919.000 euros); los provocados por atropellos de animales (siete dictámenes y 48.700 euros); los derivados de reclamaciones en procesos de selección de plazas de funcionarios (cuatro dictámenes y 181.000 euros); los causados durante el trabajo de los empleados públicos (tres dictámenes y 231.500 euros) y los derivados de accidentes escolares y daños de la fauna (un dictamen, respectivamente, con 12.000 y 220.000 euros reclamados).

Comparativamente al año 2017, descendió en 19 el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y en diez el de recursos administrativos, pero aumentaron los de revisión de oficio, contratación administrativa, anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos y modificación de planes urbanísticos.

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