El Gobierno de España considera una “rectificación oficial” de la Junta de Castilla y León sobre sus medidas previstas para las mujeres embarazadas y la interrupción voluntaria del embarazo el escrito de “acatamiento formal” recibido este jueves en respuesta al segundo requerimiento enviado sobre esta materia. No obstante, reitera su “preocupación” por la intención del Ejecutivo autonómico de plantear mejoras en las prestaciones sanitarias para las gestantes.
Así lo recoge un comunicado del Gobierno sobre el escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, se enviará una nueva carta al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, para advertirle que es contario a la ley obligar u ofrecer cualquier prueba ecográfica no indicada en las guías clínicas.
Asimismo, el Gobierno entiende que el Ejecutivo autonómico ha “acatado” formalmente el requerimiento adoptado por el Consejo de Ministros al haberse “abstenido” la Junta de “adoptar y aplicar” o “por haber dejado sin efecto”, las actuaciones “materiales”, “protocolos”, “acuerdos”, “instrumentos” o “comunicaciones” que “invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres” protegidos por el ordenamiento jurídico.
La Moncloa destaca que la Junta declara en su escrito que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”.
Sin embargo, el Gobierno de España reiteró su “preocupación” por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la comparecencia de ayer jueves tras el Consejo de Gobierno, se apuntaba “nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo”, algo que el Gobierno advierte “en modo alguno” va “a tolerar ni consentir”.
En concreto, se explica que el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, expresó que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —escucha del latido fetal y la ecografía en cuatro dimensiones, se mantenían. El Gobierno destaca que el responsable autonómico explicó que se trataba de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa de la Consejería de Sanidad, que aún está publicada en la web oficial de la Junta, “sigue vigente”. Es decir, el Gobierno cree que la Junta “mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida”.
Por ese motivo, el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, remitirá una carta al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en la que se le recordará “nuevamente” que resulta contrario a la legalidad vigente y al orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad adopte cualquier medida encaminada a “obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir” a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por “la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica”.
Finalmente, se trasladará en la misiva al Ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará “como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanas y leonesas”. Por ello, asegura que se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas.