El acuerdo de gobernabilidad firmado por Partido Popular y Ciudadanos para Castilla y León cumple un año. La ejecución de sus 100 medidas era “buena” hasta el mes de marzo. La declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19 ha paralizado o retrasado algunas de las propuestas. El pacto se someterá a revisión por sus socios para valorar la parte más afectada y la que exige un compromiso presupuestario, ya que “la intención” es contar con nuevo presupuesto, pero también “dar un empujón y recuperar el tiempo perdido”.
Las 100 medidas del acuerdo de gobernabilidad, que situó a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta y a Francisco Igea como vicepresidente en julio de 2019, se evalúan en el Portal del Gobierno Abierto, donde se publica el estado de tramitación de cada una, en su mayoría iniciadas, excepto en la parte de ordenación del territorio y lucha contra la despoblación y alguna en sanidad como el estudio para la reversión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
“La evolución del acuerdo iba bien hasta el inicio de la pandemia”, valora el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en declaraciones a Ical en las que repasa el estado de las medidas de gobernabilidad un año después de su firma y avanza su revisión para valorar la parte más afectada y como se cumple con los compromisos presupuestarios, donde también se cuela el reciente pacto para la recuperación de la Comunidad.
El “parón” administrativo por el estado de alarma ha paralizado la tramitación de varias leyes, ya que en el Gobierno Abierto -abierto a la participación el 1 de junio- en los primeros meses del año había hasta once anteproyectos, si bien Igea precisa que el ritmo de la cartera legislativa les “preocupa menos” y garantiza que, aunque sea con retraso, se cumplirá.
Entre las primeras leyes comprometidas para el inicio de la legislatura, se encuentran las de derechos y garantías al final de su vida, una de las apuestas de Ciudadanos en su pacto con el PP, igual que el proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, conocido como LGTBI.
Sin embargo, el vicepresidente si expresa más preocupación en aquellas medidas que requieren de un compromiso presupuestario en un momento de recesión económica, de mayor gasto y menores ingresos. En este sentido, afirma que habrá nuevos presupuestos autonómicos. “Esa es nuestra intención”, precisa.
La comisión de seguimiento del pacto, formada por ambos socios, será la encargada de analizar, revisar y marcar el ritmo de las medidas, explica Igea, en relación a lo que está en marcha y lo que ha sufrido “un parón”, si bien asegura que la intención es “acelerar y recuperar el tiempo perdido”, incluso en estos meses de verano.
La firma del pacto para la recuperación entre la Junta y los principales partidos de las Cortes también incide en algunas de las medidas, como en el compromiso de suprimir casi en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, paralizado ahora y sin fecha después del acuerdo de comunidad.
Otro de los aspectos afectados es el nuevo modelo de sanidad rural, recogido en el punto 42 del acuerdo de gobernabilidad como aprobado -en referencia al grupo Junta, PP, Cs, Por Ávila y Vox-, pero recogido entre las propuestas del pacto de comunidad para que sea un grupo de expertos designados los grupos de las Cortes los que le acuerden. “No se parte de cero”, afirma Igea, ante ese retraso, si bien recuerda el plazo de tres meses para contar con una propuesta y confía en un amplio consenso y en la responsabilidad de los firmantes.
Despoblación y ordenación
El eje con un menor desarrollo corresponde a lucha contra la despoblación y nueva ordenación del territorio, donde se recoge la creación de un grupo de trabajo de expertos para elaborar un diagnóstico y emitir en un año propuestas de actuación. Igea achaca a las Cortes que no han tenido “ningún interés” en su constitución.
No obstante, afirma que no están parados y recuerda que su departamento ha elaborado un anteproyecto de ley de modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio para la que vuelve a “tender la mano” al PSOE, ya que socialistas y populares aprobaron en 2013 la ley de inicio de un modelo que se pretende culminar ahora. Igea avanza que este verano explicarán su propuesta en toda la Comunidad a los alcaldes.
El vicepresidente de la Junta, reacio y critico a pactar hace un año con el PP, resume que se ha trabajado “muy bien” con su socio en un proyecto de “cohesión y unidad” y en un momento “duro” por la pandemia, que les ha permitido conocerse mejor. Por ello, concluye que “ha mejorado” en estos meses la opinión de sus compañeros en el banco azul.
Debate de política general
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá el próximo martes, 30 de julio, a mediodía el que será su primer debate de política general, que continuará el miércoles será el turno de las propuestas de resolución, marcadas por la crisis del covid-19 y la firma del Pacto para la Recuperación, el Empleo y la Cohesión Social.
Esta sesión, conocida como debate sobre el estado de la Comunidad, se desarrollará como es habitual en dos jornadas y cuando está a punto de cumplirse el primer año del Ejecutivo de coalición de PP y Cs, que preside Alfonso Fernández Mañueco y en el que Francisco Igea es vicepresidente y portavoz.
De esta forma, el martes, a las 12 horas, arrancará el primer ‘examen” de política general de la décima legislatura, el primero al que se somete el presidente de la Junta y justo después de la firma del pacto para la recuperación con PSOE, Podemos, Por Ávila, PP y Ciudadanos. Mañueco tomará la palabra para hacer su exposición inicial sin límite de tiempo, tras la que se suspenderá la sesión.
Por la tarde, a partir de las 16 horas, se retomará el debate con la intervención del portavoz socialista, Luis Tudanca, que dispondrá de 30 minutos en el primer turno y 15 en el segundo. El Grupo Mixto se dividirá este tiempo, de forma que Podemos tendrá 12 en primer lugar y seis tras la replica, y el resto -UPL, Por Ávila y VOX- seis en un primer turno y tres en el segundo.
El presidente de la Junta podrá contestar de forma individual o agrupada sin límite de tiempo a todos ellos, mientras Cs y PP dispondrá de dos turnos de 15 minutos cada uno, a los que también Mañueco podrá dar réplica de forma agrupada o individual.
Así, finalizará la primera jornada, para continuar el pleno al día siguiente, el 1 de julio, a las 13 horas, con la intervención de los grupos por espacio de 15 minutos para defender las propuestas de resolución, si bien podría haber un turno en contra. La sesión acabará con las votaciones.
El Reglamento de las Cortes recoge que, con carácter anual, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que finaliza en junio, se celebrará en el pleno un debate sobre la política general de la Junta de Castilla y León. Antes, la Junta remitirá a la Cámara la comunicación correspondiente.
Según el Reglamento, no se celebra este debate en el año en que corresponda celebrar elecciones a las Cortes de Castilla y León, como ocurrió en mayo de 2019, ni tampoco en aquel en que se haya debatido en las Cortes una investidura, una moción de censura o una cuestión de confianza.
