Num: 6458 | Lunes 13 de julio de 2020
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El ICE moviliza 135 millones en 1.460 operaciones frente a la crisis del covid-19

El organismo, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, aprueba una nueva línea de liquidez para autonómos y pymes

Pixabay

La directora general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), Susana García, anunció hoy en las Cortes un refuerzo de cinco millones para las líneas de ayuda al tejido productivo frente a la covid y la aprobación de nuevos programas que permitirán movilizar unos 135 millones adicionales de financiación para 1.460 nuevas operaciones.

Al respecto, anunció que el consejo de administración del instrumento dio luz verde ayer a la creación de una nueva línea de financiación destinada a proporcionar liquidez a pymes y autónomos con un importe de préstamos avalados entre 40.000 y 300.000 euros, bonificando hasta un dos por ciento de los gastos financieros y costes de la SGR y con un plazo de amortización hasta los 5 años, con uno de carencia. Además, indicó que se modificará el plazo máximo de los préstamos avalados mediante la línea para autónomos y microempresas, pasando de los 36 meses hasta los 48.

Refuerzo

García, que compareció en las Cortes, explicó que en las últimas semanas se ha trabajado para posibilitar el refuerzo de las cuatro líneas establecidas dentro del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del coronavirus, dotadas inicialmente con 100 millones, mediante una nueva aportación de cinco millones euros, de los cuales un millón irá destinado a reforzar la línea para autónomos y microempresas y cuatro para el programa ICE Financia en el que se incluyen las otras medidas.

Susana García constató que la crisis generada por el coronavirus es “muy profunda” y defendió su apuesta por reducir al máximo los daños de posible pérdida de tejido empresarial para poder afrontar con mejores perspectivas la reconstrucción de la economía mediante la dotación de liquidez y habilitación de posibles medidas de ahorro o de moratoria en los pagos. A medio plazo, apostó por adaptar el tejido empresarial a las nuevas tendencias y modelos orientando las estrategias de mejora de la competitividad hacia un refuerzo de la innovación y la dimensión económica global.

Balance

La directora del ICE hizo balance de las líneas de liquidez desde la declaración del estado de alarma y precisó que en la Lanzadera Financiera se han financiado un total de 1.639 operaciones por un importe superior a los 168 millones euros, y con una inversión inducida de casi 205 millones de euros y la creación o mantenimiento de 3.770 puestos de trabajo.

En el análisis sectorial, concretó que los sectores de comercio, servicios y hostelería, acaparan el 70,3 por ciento del total de las operaciones financiadas. Asimismo, en cuanto al destino de la financiación, trasladó que un 79,2 por ciento se destina a financiación de circulante, un 14,3 por ciento a la inversión y un 6,4 por ciento a reestructuraciones.

Además, indicó que del total de operaciones financiadas, 1.592, que suponen más de un 97 por ciento, son operaciones relacionadas con las cuatro medidas de apoyo al mantenimiento del empleo y al tejido empresarial de Castilla y León puestas en marcha ante la crisis, que he detallado anteriormente. Estas cuatro medidas, dijo, han propiciado financiación, hasta el momento por un total de 117,68 millones euros, “superando ampliamente las previsiones iniciales” (100 millones).

Susana García desglosó los resultados de las cuatro líneas creadas frente a la pandemia y señaló que la de autónomos y microempresas registra 772 operaciones financiadas por 16,6 millones; la de Mantenimiento de actividad, 334 por 35,6 millones; la de Transformación Digital, 447 por 54,7, “desbordando todas las previsiones”; y la de Aplazamientos; 39 por 10,8.

Por otra parte, anunció la publicación los próximos días de la convocatoria de ayudas de 300 euros por beneficiario, para financiar los costes derivados de préstamos que hayan sido suscritos por parte de los autónomos a lo largo de seis meses desde la declaración del estado de alarma, con el fin de poder mantener su actividad, que tiene una dotación global de 10,5 millones.

La directora del ICE constató que han agilizado los expedientes de ayudas a pymes y hasta la fecha desde la declaración del estado de alarma, han registrado pagos correspondientes a 167 expedientes de ayuda por un importe superior a los 4,2 millones.

En cuanto al pago de alquileres que dependen de la Junta, manifestó que hasta la fecha se han concedido moratorias referidas a nueve contratos, que suponen un ahorro mensual para las empresas superior a 110.000 euros.

Innovación

La responsable económica sustanció que en este periodo también se han aprobado medidas para impulsar la competitividad e innovación de las empresas frente al COVID19, por un valor de 112 millones, con 82 millones en ayudas y 30 en préstamos participativos.

García expuso que en el ámbito de las ayudas a la innovación, dotadas con 16,6 millones, han trabajado en la modificación de la convocatoria vigente, para incluir tres nuevos tipos de proyectos, con el fin de facilitar la implantación de soluciones de teletrabajo seguro y de impulsar la ciberseguridad en nuestras empresas. Al respecto, aseguró que la modificación de la convocatoria, incluyendo estos nuevos tipos de acciones subvencionables se publicará los próximos días.

Las nuevas líneas van dirigidas a proyectos para la validación y testeo de productos y servicios innovadores en ciberseguridad y tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, mediante la implantación de prototipos próximos a mercado; auditorias de ciberseguridad con implantaciones personalizadas; y diagnósticos tecnológicos y asesoramiento para acceder e implantar teletrabajo seguro.

Por último, anunció que trabajan para contar, a medio plazo, con un fondo de recuperación para empresas que se nutrirá mediante la colaboración del Banco Europeo de Inversiones. En este sentido, aclaró que se ejecutaría a través de préstamos participativos para la reconstrucción y reactivación de la actividad por parte de empresas regionales con el fin de mantener y recuperar empleos.

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