Num: 7267 | Viernes 30 de septiembre de 2022
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Opinión


En matemáticas, dicen los entendidos, lo difícil no es resolver un problema, sino plantearlo bien. Creo que pasa algo semejante con el problema por el que atraviesa España. Hay poca claridad en su planteamiento y por ello muchas dificultades en hallar la solución. Pero la política no son las matemáticas, no es una ciencia exacta ni pura como éstas; es impura y con intereses socialmente enfrentados. A diferencia de las matemáticas, en política lo que importa son las decisiones que se toman porque afectan a los ciudadanos en grado diverso. En democracia, respetando el derecho de las minorías, la política debe hacerse en favor de las mayorías. A los políticos les pedimos que usen el sentido común, pero con valentía; por eso a veces deben cortar con la espada el nudo gordiano, pues desatarlo suele ser difícil y siempre se pierde un tiempo precioso.

El principal problema de España, su nudo gordiano, no es económico sino político: la organización territorial o, mejor, la deriva autonómica que, a veces con lecturas insólitas del Tribunal Constitucional, ha permitido la Constitución de 1978. La indefinición de ésta sobre las competencias del Estado y las de las CC.AA. la han aprovechado los partidos nacionalistas para chantajear al Estado, a los ciudadanos de otras comunidades. El apoyo a los partidos nacionales para lograr la investidura, cuando éstos no alcanzan mayoría absoluta, ha sido la palanca para arrancar a gobiernos débiles competencias, que han debilitado al Estado de éstas en favor de las CC.AA.; pues cuando las llamadas históricas -en realidad las que contaban con partidos nacionalistas fuertes- conseguían nuevas competencias, las otras las terminaban exigiendo en una carrera cada vez más alocada.

Para diferenciar unas comunidades de otras -y algunas para distanciarse del Estado común-, crearon sistemas educativos propios, policías autónomas de exóticos nombres y uniformes, embajadas, televisiones, etc.; y sobre todo aumentaron el número de funcionarios o crearon, a través de empresas y organismos públicos, puestos de trabajo sin el menor control en las formas de acceso, con un nepotismo y clientelismo sin límites. Todo esto aumentó el gasto público de una forma exponencial, como si fuéramos el país más rico de la tierra. Durante años, tanto con gobiernos del PSOE como del PP en el gobierno de la nación, o de estos partidos y de los nacionalistas en las CC.AA. y ayuntamientos, estas prácticas pasaron desapercibidas o pudieron enmascararse por la prosperidad económica. Tenía ésta bases muy endebles: las ayudas de diferentes fondos europeos, el dinero barato tras la entrada en la Unión Europea, el urbanismo descontrolado; aunque también -y hay que decirlo- por un dinamismo y espíritu empresarial antes desconocido.

La crisis económica que comenzó en 2007 puso al descubierto con toda su gravedad los pies de barro de un sistema político insostenible. Conocemos -lo hemos escrito muchas veces en estos años- las causas de la crisis, su carácter mundial, el desplome de la política del ladrillo, la quiebra del sistema financiero, el hundimiento de la economía productiva. No insistiremos en ello. Lo que nos interesa aquí es analizar cómo dicha crisis tuvo en España, uno de los países que más se ha visto afectado por ella, entre otros muchos, dos terribles efectos. Estos, a su vez, por irresponsabilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero, que primero ocultó la crisis y luego aplicó remedios equivocados, provocaron una dramática consecuencia -el déficit-, que es que tiene completamente aplastado al país, económica pero también vitalmente.

El primer efecto de la crisis fue el desplome en la recaudación de impuestos, que han vaciado las cajas del Estado en todas sus expresiones territoriales. Muchos ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el mismo gobierno de la nación gozaron de elevados presupuestos, los cuales habían crecido con inusitada rapidez en los años anteriores a la crisis por los cuantiosos ingresos generados por las obras de construcción o simplemente por la buena marcha de la economía. El desplome del sector inmobiliario primero y luego de la economía productiva, con miles de pequeñas empresas en quiebra, dejó a esas instituciones con unos ingresos muy mermados, mientras que los gastos se mantuvieron e incluso, como ya veremos, se incrementaron como consecuencia del paro o de determinadas políticas sociales.

El paro fue el segundo efecto que, en este caso, afectó de manera muy directa a la empresa privada. En tres años del gobierno socialista de Zapatero, el paró llegó a superar los cinco millones de trabajadores, más de 22% de la población activa. Una buena parte de éstos eran inmigrantes, a los que una política socialista muy permisiva permitió entrar casi sin control, con legalizaciones verdaderamente masivas, como nunca había ocurrido en Europa. En diez años, España, que a penas contaba con un 2% de inmigrantes, se convirtió en el país europeo con la mayor tasa, que supera hoy el 10%, algo más de unos cinco millones. El paro no fue para ellos un revulsivo para regresar a sus países de origen, excepto en muy pequeña cantidad, sino que se han quedado en España, en muchos casos sometidos a un problema añadido, el de encontrarse hipotecados por la adquisición de una vivienda, que no podían pagar ni dar en pago.

Instituciones con menos ingresos y con un mayor gasto por las prestaciones de desempleo, provocaron el déficit, que es la consecuencia a que antes aludíamos. Incluso éste se agravó aún más por la política de Zapatero, por ejemplo con el Plan E, porque se gastaron miles de millones de euros para animar el empleo y la economía, que no sirvió sino para aumentar el déficit y la deuda. Porque lógicamente, para mantener la estructura del Estado creada, sostener el estado social (educación y sanidad especialmente), financiar esas políticas coyunturales de empleo o simplemente ayudar a los parados, el Estado tuvo que pedir ayuda, financiándose en el exterior, y pagando, por la llamada Prima de Riesgo, intereses cada vez mayores. El gobierno de Zapatero dijo haber dejado una deuda del 6% del PIB.

Toda esta situación hundió al PSOE en las elecciones generales del pasado año y al triunfo, por mayoría absoluta, del PP. Hace ahora un año Mariano Rajoy llegaba al poder y se encontraba con una situación desoladora, peor de la que se decía por ocultación o engaño de los socialistas, pues el déficit no era del 6 sino del 8,9%; déficit que las autoridades europeas exigían rebajar en un año al 4%, lo que suponía más de 40.000 millones de euros de recorte. Aunque, luego Bruselas ha suavizado esas condiciones, los mercados a los que constantemente ha tenido que recurrir el Estado para financiarse no han sido tan permisivos, lo que ha llevado a un aumento de la prima de riesgo que, en algún momento, se acercó a los 600 puntos.

Sólo hay dos soluciones al problema del déficit: recaudar más o gastar menos. Recaudar más en una economía en crisis, donde cada vez hay menos empresas, menor actividad económica y más paro, es imposible; sólo se puede hacer aumentando la fiscalidad. Esta puede tener dos opciones: una imposición generalizada o bien una fiscalidad progresiva en relación con las fortunas, especialmente las grandes fortunas. Rajoy, incumpliendo algunas de sus promesas electorales, ha seguido la primera vía: aumentar el IVA, subir el IRPF, nuevas tasas, etc. Toda esta fiscalidad ha recaído, en gran manera, sobre la clase media, que se está empobreciendo y retrocediendo a tiempos que casi habíamos olvidado (por no hablar de los engaños de muchas familias por parte de los bancos con las acciones preferentes, etc.). Por contra, como en otros países, no ha aumentado la fiscalidad sobre las grandes fortunas, quizá por temor a la huida masiva o por creer que son éstas las que pueden tomar alguna iniciativa empresarial y crear empleo.

La otra solución es gastar menos. Aquí también hay dos vías posibles. Rajoy no ha tomado la más acertada, quizá porque no se atreve a tocar tantos intereses como hay en ella. Me refiero a la reorganización territorial del Estado. Éste debería reasumir algunas de las competencias que cedió en momentos mejores, obligar a las CC.AA. a reducir el gasto en empresas públicas, televisiones, número de políticos y asesores, etc.; pero también debería eliminar diputaciones, fusionar municipios, etc. Rajoy no sólo teme enfrentarse con los nacionalistas, con los que tendrá que chocar más pronto que tarde; pues algunos, como los catalanes, han tomado un camino del que no se desviarán, a no ser que se tomen las medidas que la propia Constitución contempla. No lo hace, digo, porque los que en su partido y en PSOE han hecho de la política una forma de vida, no quieren la menor reforma.

Como esto no parece que vaya a tocarse -a lo sumo maquillarse con propuestas estrambóticas como la supresión de las Juntas Vecinales- se ha tomado el camino de reducir los servicios sociales. Probablemente esto también deba hacerse, reducir el gasto farmacéutico, reformar la enseñanza y la sanidad; pero a la sociedad le resulta muy duro que lo que se reduzcan sean los sueldos de los funcionarios y no el de los políticos; que se supriman facultades, aumente el número de alumnos por aula, se exijan más dedicación y horas a los médicos; y por el contrario, no se supriman embajadas autonómicas, ni desaparezcan las innecesarias televisiones públicas o no se haga nada por racionalizar la administración.

Quizá haya algunas luces en el horizonte, como afirman en el gobierno, pero que no vislumbro; parece que lo que se pretende es esperar a que escampe, a que haya más actividad económica y nuevos ingresos; pero se teme cortar el nudo gordiano que realmente constituye el problema de nuestro país, el estado desbocado de las autonomías. Las protestas de la calle, probablemente demasiadas, no constituyen un problema excesivamente grande. Los indignados son una forma de protesta que el sistema admite sin excesivos problemas. Los que realmente podrían articular una postura política diferente, no lo hacen porque en el fondo, aunque discrepen de algunas medidas tomadas por Rajoy, están a favor del mantenimiento del status político montado. Llegados este punto, el nudo que no se puede desatar, como Alejandro hay que cortarlo de forma decidida y sin temor.

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