La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, señaló este viernes en la evaluación intermedia que el Plan de Inserción Socio-Laboral de Castilla y León ha “cumplido e incluso superado las expectativas” en los dos primeros años de vigencia (2016-2017) al haber propiciado un total de 27.500 contratos y 31.000 acciones formativas. En la capacitación para mejorar la empleabilidad y el acceso a un puesto de trabajo y el mantenimiento en el mismo han participado 196.100 personas en situación vulnerable, de ellas más de 96.000 en 2016 y más de 100.000 en 2017, con un incremento de un cinco por ciento.
Así lo puso de manifiesto a modo de balance, al tiempo que recordó que en los dos primeros años el presupuesto previsto aumentó en 11,88 por ciento, pasando de los 150,2 millones iniciales a los casi 168 millones, lo que supone 17,6 millones más, y en el conjunto de los cuatro años el presupuesto global es de 369,4 millones. “No se trata de un gasto si no de una inversión social diseñada para que la salida de la crisis sea acorde a las necesidades, que produce un retorno económico, apoya en empleo en sectores en riesgo de exclusión y por ello, el dinero invertido se da por muy bien empleado”, consideró.
En su opinión, se trata primero de formar para poder acceder a un empleo y también de mantenerse luego con un contrato en el mercado del trabajo a través de medidas discriminación positiva incorporadas al Plan. “El objetivo de que las personas que más difícil lo tuvieran en la Comunidad salieran de la espiral de la exclusión y evitar con ello la cronificación de la pobreza. El resultado hasta ahora es razonablemente bueno. Lo que se nos transmite es que se debe intercambiar más información con el tercer sector, detectando así antes la situación de personas vulnerables con herramientas informáticas de predicción que nos permitirán ancitiparnos al riesgo con un modelo de actuación compartido”, concretó.
García dijo que se ha buscado “respetar en todo momento el proyecto de vida de las personas” en riesgo de pobreza mediante el trabajo de la red colaborativa “a través de la cual se ha canalizado toda la atención a las personas más vulnerables con una atención específica e integral y todo se irá adaptando a las necesidades que vayan surgiendo”.
En el apartado de los empleos materializados incentivados con apoyo del sector público, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas, la consejera cifró en 42 las acciones realizadas hasta ahora mediante subvenciones o contratación pública y los empleos que se facilitan desde el sector público. El gasto de 96,69 millones, implica el 58 por ciento en los primeros dos años de Plan. De ello se han beneficiado 16.735 personas con discapacidad; 5.385 perceptores de la Renta de Garantía Ciudadana (de ellos 3.123 en 2017, un 33 por ciento más que en 2016), y el porcentaje de contratos a mujeres aumentó, siendo del 37 por ciento el primer año y del 44 por ciento en el segundo.
Un 33 por ciento más de contratos
La consejera explicó que estas acciones han posibilitado 27.509 contrataciones -15.692 en 2017, un 33 por ciento más que en 2016- y de esta cifra 3.014 se han logrado mediante itinerarios personalizados de inserción socio-laboral y otras acciones formativas. Además, hubo 2.928 contratos en la empresa privada, duplicándose en un año y total de 472 jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía han sido contratados, pasando de los 90 en 2016 a los 382 que se produjeron que 2017, cuatro veces más. Asimismo, la creación de empleo local, en colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, supuso 4.576 contratos.
“Los empleos en corporaciones locales suelen ser de seis meses a jornada completa, los de la Junta son contratos fijos y las de los centros especiales de empleo suele ser mayoritariamente indefinidos”, aseveró García, quien añadió que el hecho de que un 44 por ciento de los puestos de trabajo son de mujeres es algo “relevante. Por sectores, el de servicios es mayoritario en contrataciones, con actividades de verano en ayuntamientos como obras de mantenimiento y en centros especiales la lavandería, limpieza jardinería, catering u otros oficios.
Junto a ello, Alicia García destacó las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento de empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, que han permitido que 15.366 personas tengan trabajo, lo que representa más del 56 por ciento del total de las contrataciones de este eje. Por otro lado, los apoyos prestados han ayudado a crear 283 empresas gracias a las ayudas para actividades económicas por cuenta propia y de esta forma se ha incentivado el autoempleo y el emprendimiento.
Igualmente, mediante la reserva de contratación se hayan formalizado 797 contratos a centros especiales de empleo y 28 a empresas de inserción; se han incorporado cláusulas sociales en el 75 por ciento de los contratos adjudicados por la Junta; y se reservado plaza en la Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla y León, en estos dos años, para 870 personas con discapacidad, 642 de ellas en 2017 y un total de 228 en 2016.
Formación y capacitación
El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 recoge 46 acciones con un gasto de 70,98 millones de euros en estos dos años, el 42 por ciento del presupuesto del Plan, que han llegado a cerca de 170.000 personas. Está orientado a dotar a las personas más vulnerables de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, facilitar su entrada en el mercado laboral, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión activa, mediante orientación y asesoramiento; desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales; formación y acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.
La evaluación intermedia del Plan indica que se han desarrollado en este eje más de 31.000 acciones formativas de estas características y entre los principales beneficiarios hay 9.352 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.588 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, 9.471 personas con discapacidad y 3.031 jóvenes, con un 20 por ciento de beneficiarios inmigrantes.
En este eje se han encontrado, por un lado, las acciones enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del tercer sector, a lo que se suma el programa OFI de orientación, formación e inserción profesional. En conjunto, han participado, en estas dos líneas, 13.623 personas.
Por otro lado, en las acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad han participado 155.778 personas en dos años. De ellas, 40.559 personas recibieron asesoramiento, información y orientación laboral, a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral, y105.151 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales.
En otro punto .670 personas con escasa cualificación han recibido formación en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o baja cualificación, mientras 2.723 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, sobre todo jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad. Mientras, en 2016se formó a 926 personas, en 2017, fueron un total de 1.797, un 94 por ciento más.
Otras 2.675 personas accedieron a los apoyos de estos itinerarios y acciones formativas, que en 2016 beneficiaron a 931 personas, aumentando a 1.744 las personas beneficiarias en 2017, un 87 por ciento más. Entre estas últimas acciones destacan los residenciales a mujeres y menores; los apoyos para personas con discapacidad o dependientes a través de la figura del gestor de contexto; y las ayudas de acompañamiento y tutorización a jóvenes permitiendo su inserción en la empresa ordinaria.
