El plan presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez para el próximo año nace con solo un tercio de la inversión real de 2018 ejecutada durante la primera mitad de éste en Castilla y León. El Ejecutivo socialista tomó las riendas del país en junio, cuando el Estado alcanzó un desembolso de 355 millones de euros en la Comunidad, de los que la mitad fue solo para las obras de la alta velocidad ferroviaria.
Por tanto, el Ejecutivo, que ha dado el pistoletazo de salida al proceso de negociación para lograr la aprobación de las cuentas de 2019, tendrá también que mantener el ritmo inversor de la maquinaria del Estado para recuperar el terreno perdido en el primer semestre, un periodo en el que los Presupuestos de 2018 estuvieron en fase de tramitación y vieron un cambio de gabinete, con la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y la llegada de Pedro Sánchez.
Entre enero y junio, la inversión territorializada alcanzó los 3.524 millones en el conjunto del país, frente a los 14.616 previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por tanto, se ejecutó un 24,12 por ciento. Este porcentaje de obligaciones reconocidas es ligeramente inferior a la media de Castilla y León que presenta un cumplimiento del 36,92 por ciento, con 355 millones frente a los 962 consignados.
En ese sentido, los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado reflejan en Castilla y León que los organismos autónomos de la Administración General del Estado fueron los más fieles a las previsiones, con una ejecución del 47,2 por ciento y 14,95 millones. Le siguieron las empresas y fundaciones, con un 38,4 por ciento y 228 millones, la Administración, con un 33,4 por ciento y 111,5 millones y el sector público administrativo, con un 28,2 por ciento y 932.112 euros.
Asimismo, los proyectos ferroviarios coparon la inversión del Gobierno central en la Comunidad. Durante el primer semestre, la inversión en las líneas de ferrocarril rondó los 175 millones, es decir, un 38 por ciento de lo consignado en las cuentas de este año. En concreto, Adif Alta Velocidad computó un gasto real de 167 millones, un 44,3 por ciento, de los 377 millones previstos, mientras que la sociedad que se encarga de la red convencional (Adif), desembolsó 7,2 millones, frente a los 78,7 previstos, un 9,2 por ciento.
De la misma forma, la operadora Renfe registró unas inversiones reales de 5,46 millones en Castilla y León, un 32,3 por ciento de los 16,9 millones que figuran en las cuentas para este ejercicio. También es llamativa la actividad inversora de Paradores de Turismo, que dedicó a este capítulo 240.000 euros en la Comunidad, de los 14,2 millones consignados para todo el año.
En el lado opuesto se encuentran Redalsa con una ejecución del 264,6 por ciento y 2,68 millones, seguida de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, con un 257 por ciento y 2,58 millones. Por ministerios, Fomento es el más inversor con 102 millones en el primer semestre, cifra que representa un 34 por ciento de lo comprometido para todo el ejercicio.
Paquete presupuestario
El paquete presupuestario que tiene sobre la mesa Bruselas busca situar el déficit en el 1,8 por ciento, si bien un escenario sin cambios y con prórroga presupuestaria lo elevaría al 2,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, según los cálculos de Hacienda. Los cambios en la fiscalidad y la lucha contra el fraude permitirán un aumento de los ingresos de 5.678 millones, lo que contribuirá a cerrar progresivamente
la diferencia con la media europea en ingresos sobre el PIB. Las medidas de gasto social incluidas tienen un impacto de 5.098 millones, aunque su coste directo en 2019 se sitúa en 1.992 millones
La llegada de los Presupuestos al parlamento se retrasará respecto a la fecha prevista inicialmente. Ya no será a finales de noviembre sino a mediados de diciembre. Este será el primer trámite parlamentario de las cuentas, que tendrán que sortear la enmienda a la totalidad, para que se debatan cada una de las partidas y se voten a finales de febrero o ya en marzo, mes en el que se disolverán las cámaras autonómicas ante los comicios de mayo.