El Supremo da diez días a la Junta para presentar alegaciones contra la suspensión del toque de queda

El Gobierno remite al Consejo Interterritorial de Salud la decisión sobre el toque de queda
Fachada de la sede del Tribunal Supremo / Wikimedia Commons

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto este martes una pieza separada para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender el acuerdo de la Junta de Castilla y León que adelanta a las 20 horas el inicio del toque de queda como medida de prevención contra la propagación de la COVID-19.

En una providencia, la Sala da un plazo de 10 días a la Junta de Castilla y León, como autora del acuerdo recurrido, para que plantee alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada. Tras recibir las alegaciones, el tribunal decidirá lo procedente sobre la medida cautelar.

Por su parte, tal y como informa la agencia Ical, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, ante la polémica sobre el toque de queda adelantado a las ocho de la tarde en Castilla y León, el Gobierno remite esta decisión al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará este miércoles.

Ante la implantación del inicio del toque de queda en Castilla y León a las ocho de la tarde y el posterior recurso del Gobierno a esta medida, Montero afirmó que “en la lucha contra el virus no hay ningún tipo de polémica salvo para aquellos que quieran hacer de todo una batalla. Es evidente que la respuesta a esta pandemia requiere de una actuación coordinada para que los ciudadanos tengan claves concretas para que sepan en todo momento como se tienen que comportar”.

En este sentido, “el Consejo Interterritorial es el entorno donde se ha materializado la cogobernanza. Una forma de trabajo que ha permitido doblegar dos veces la curva de la pandemia requiere profundizar en él y, por lo tanto, será en la sede de este Consejo Interterritorial donde las autoridades de las respectivas comunidades autónomas tienen que hacer ver cuáles son sus planteamientos para frenar el contagio y evitar la expansión del virus”.

Además, destacó que el actual estado de alarma que ampara las actuaciones que tienen que desarrollar las comunidades autónomas “tiene márgenes para que se apuren los instrumentos que permitan disminuir la movilidad de los ciudadanos, la herramienta más útil que se ha demostrado contra la lucha de esta enfermedad”.

En esta tercera ola, remarcó María Jesús Montero, “afortunadamente hay un hecho diferencial respecto a las dos anteriores como contar con un arma terapéutica y que es la disponibilidad de un conjunto de vacunas que nos permitirán proteger en un primer momento a la población más vulnerable y al conjunto de la población en general”.

La portavoz del Gobierno insistió en que estas vacunas “contribuirá también a la resolución de esta tercera ola hasta que llegue el momento de dar por cerrada la batalla contra este virus”.