Num: 6966 | Viernes 3 de diciembre de 2021
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El Supremo inadmite la denuncia contra Mañueco, Casado y Blanco por la gestión de las residencias

El auto destaca que existen otras formas de reparación al alcance de las víctimas

residencias de mayores
Residencia de mayores de la Junta en Ponferrada / QUINITO

La Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de la denuncia formulada por la Asociación del Defensor del Paciente contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y las consejeras de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Veronica Casado e Isabel Blanco, respectivamente, por los delitos de omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y contra el derecho fundamental a la prestación sanitaria por motivos discriminatorios contra las personas mayores.

El Defensor del Paciente también había presentado denuncias en el mismo sentido contra el presidente del Gobierno, el vicepresidente segundo y el ministro de Sanidad; el presidente y la consejera de Sanidad de Cataluña, y contra la presidenta de Madrid, el consejero de Sanidad y el director de Coordinación Sociosanitaria de esta Comunidad.

Esta sala remitió un auto conjunto en el que acordó la inadmisión a trámite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno por su gestión durante la crisis del Covoid, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

Respecto a las querellas que imputan responsabilidades por los fallecimientos en residencias de ancianos, la Sala indica que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido en estos centros, aunque, en relación a la responsabilidad de los aforados, explica que no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos.

“Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron”, señala.

Pero la Sala acuerda enviar a los juzgados de Madrid las denuncias y querellas por los fallecimientos de ancianos en residencias para investigar los hechos. Concreta que en los juzgados ordinarios deberá esclarecerse si “esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquéllas son susceptibles de reproche penal”.

“Habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico. La instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

El auto destaca, en cualquier caso, que existen otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales, como son el contencioso-administrativo, donde son indemnizables los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público, o el civil, por acciones u omisiones en que haya habido culpa o negligencia.

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