Num: 5885 | Martes 18 de diciembre de 2018
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El TSJCyL declara nulo el decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros sociales de mayores en Castilla y León

La Sala ha dictado hasta el momento otras tres resoluciones en términos similares, como la que anuló el decreto 2/2016, al que sustituye el ahora anulado

Imagen de archivo del TSJCyL

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, ha declarado nulo de pleno derecho el decreto 14/2017 del 31 de julio del año pasado, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León. Esta Sala ha dictado hasta el momento otras tres resoluciones en términos similares, como la que anuló el decreto 2/2016, al que sustituye el ahora anulado.

La sentencia ha declarado la nulidad de este decreto al entender que no se aprecia el procedimiento de elaboración de una disposición general, lo que vulnera el principio de transparencia “tanto en lo que afecta a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de su elaboración, como en la audiencia a las entidades locales afectadas titulares de estos centros, y a los colegios que representan a los profesionales que prestan servicios en ellos”, algo “especialmente relevante” a la hora de determinar los ratios de personal procedentes. “Se desconoce si ha habido alguna memoria previa ni si han tenido conocimiento de ella los participantes en el proceso de elaboración, al formarse y suscribirse junto con el mismo proyecto”, recoge el texto.

De la misma forma, el Alto Tribunal consideró que falta el informe correspondiente al proyecto aprobado del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, y del Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad. Por otro lado, se estimó como “insuficiente” el examen que se efectúa en la memoria de su incidencia en el Sistema de Salud de Castilla y León, y de forma más concreta en los centros de salud de las Zonas Básicas de Salud en cuyas localidades están algunos de estos centros, además de que no resulta “debidamente acreditado” en qué momento se incorpora el informe de la Consejería de Sanidad.

Constituyendo el Decreto impugnado una de las piezas centrales en el diseño de la política autonómica de atención a las personas mayores y dependientes, como “acertadamente resalta el Consejo Consultivo”, la sentencia recoge no alcanzar a comprender “cómo no se le ha oído”, pues dentro de la función de asesoramiento y participación “no cabe duda que entra la que de forma específica se establecía en el decreto anterior”. “Resulta difícil imaginar un supuesto en que sea más necesario realizar esa función de asesoramiento y participación”, establece el texto.

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