El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) presenta este viernes en Ponferrada su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Editorial Ariel), en el que repasa los orígenes de la corrupción en nuestro país y analiza el estado de la misma, especialmente enquistada en la política. Bosch, que fue portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, desgrana en esta entrevista para El Bierzo Digital algunas de las claves de una situación que ha llevado The Economist a señalar a España como una “democracia defectuosa”.
El contenido del libro parece claro, ¿pero de dónde surge la idea o la necesidad de escribirlo?
El origen está en mi propia actividad profesional, porque por los distintos partidos judiciales por los que he pasado, sistemáticamente me ha tocado impulsar causas por corrupción contra alcaldes, concejales… y me consta que es algo que le pasa a la mayoría de los jueces. Esto se unió a dos claves más. Por un lado, la histórica, entender el origen de estos problemas, que me dio muchas pistas sobre su amplitud y las dificultades para su erradicación. La segunda, el impacto económico que genera en las personas.
¿Cómo se ha documentado para escribir este libro?
En la bibliografía hay centenares de obras sobre distintas áreas de conocimiento, porque pretende ser un análisis global del problema. El fenómeno es tan complejo que sólo se entiende bien con una visión de conjunto. Después, en el sentido jurídico, es un análisis de cientos de sentencias desde el siglo XIX hasta la actualidad, e incluso hay casos documentados desde la Edad Media.
¿Tan profundas son las raíces de la corrupción en España?
Lleva mucho tiempo instaurada y en el presente su amplitud es enorme y con efectos gravísimos, aunque a menudo no se le preste atención suficiente. Tenemos en prisión provisional o encausados en casi todos los territorios autonómicos a presidentes, consejeros, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales… A esos niveles no hay ningún equivalente en la Europa democrática y nuestros porcentajes de corrupción política se acercan a países como Honduras o Guatemala, aunque a diferencia de esos lugares aquí no afecta tanto a otros estamentos. El gran problema de España es la corrupción política y es algo que llama la atención a los expertos internacionales.
¿Por qué esa facilidad para la corrupción política?
Hay dos datos que explican la singularidad española en la corrupción política. En el libro documento casos desde la Edad Media, pero la premisa de la que parto es que para entender la actualidad hay que entender la corrupción durante el franquismo, porque por una mera cuestión cronológica es la que más influye a la actual. El franquismo es la etapa inmediatamente precedente a nuestra democracia y fue una etapa con una corrupción instalada durante 40 años que afectó a todo el régimen, desde el dictador hasta los gobernadores civiles. Esa es una herencia importante.
Después, la Transición tuvo una serie de particularidades que dificultaron la ruptura completa con eso. Hay una combinación de la herencia anterior con el sistema de partidos que surge de la transición, que dificultó la ruptura y facilitó que todo se enquistara en el ámbito político, porque el sistema se aprovechó de ello. Sirvió para financiar a los principales partidos, como lo demuestran varias sentencias, y el sistema de partidos español generó fuerzas muy jerarquizadas con tesorerías muy opacas que facilitaron la corrupción. Como los partidos han conseguido colonizar todos los espacios, entre ellos la cúpula judicial, han enquistado la corrupción en la política.
Entrando en su terreno, ¿también hay corrupción en la Justicia española?
Afortunadamente, a diferencia de otros países como los centroamericanos, en España no hay corrupción judicial, salvo casos aislados que han tenido sentencias condenatorias claras y sin paliativos. Sin embargo, sí hay serias dificultades de la Justicia para perseguir la corrupción. El grupo Greco del Consejo de Europa (Grupo de Estados contra la Corrupción) nos dice regularmente y en un tono muy duro que las injerencias partidistas en la Justicia son una rémora en la lucha contra la corrupción. Sin ir más lejos, tener el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones durante tres años es una seria anomalía. Tampoco hay recursos para perseguir la corrupción, tienen más instrumentos las tramas corruptas que los jueces, y eso explica que las causas se dilaten mucho tiempo o que no se reúnan pruebas suficientes y las causas acaben en archivo o en condenas con penas bajas. No es que haya corrupción en la Justicia, pero sí poca voluntad política para dotarla de medios suficientes.
¿Esas injerencias políticas en la Justicia no van contra la supuesta división de poderes?
La división de poderes existe en la Constitución Española, pero en la práctica hay muchos instrumentos para que los políticos puedan interferir, por ejemplo en materia de nombramientos, como ocurre con el CGPJ. Después tenemos los aforamientos, con tribunales especiales para los políticos, y al contrario que en otros países de nuestro entorno, aquí no sólo están aforados el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno, sino que lo están todos los diputados, senadores, procuradores autonómicos… todos aforados. Esto provoca que haya fuertes presiones políticas para configurar los órganos judiciales que juzgan a los políticos, y esto es lo que nos reprocha el Consejo de Europa y explica el bloqueo del Poder Judicial, así como que indicadores como The Economist nos califiquen como “democracia defectuosa”.
¿Ante todo este panorama, existe solución a corto plazo?
Yo soy un optimista moderado, porque las medidas aplicables no son especialmente dificultosas desde una perspectiva técnica. Es un problema de voluntad política y, de hecho, en países europeos avanzados como Dinamarca, Suecia o Alemania han conseguido bajar los niveles de corrupción con estas medidas. Lo que pasa es que existen conflictos de intereses en los principales partidos políticos, porque las medidas que deberían acabar con el problema pueden generar efectos en la organización de los partidos.
¿Como cuáles?
Pongo un ejemplo. Otra particularidad que tenemos en España es que contamos con cerca de cien mil cargos de alta administración puestos a dedos por los partidos. Esto no tiene equivalentes en el entorno europeo, donde esos puestos los ocupan profesionales independientes. Esta clarísimo que, en la lucha contra la corrupción, esos puestos deberían ser para funcionarios imparciales, no para comisarios políticos. Acabar con estas prácticas nos haría crecer en calidad institucional y sería un gran avance contra la corrupción, pero esto puede generar problemas en los partidos, que suelen cubrir estos puestos con sus propios cuadros.
Joaquim Bosch presenta La patria en la cartera el viernes 10 de junio a las 19.30 horas en el Patio de la Higuera del Museo de la Radio de Ponferrada, un acto con entrada libre hasta completar aforo.
