El equipo de Gobierno asegura que la sentencia que obliga a reincorporar al interventor es “imposible de cumplir”

La primera teniente de alcalde de Cacabelos, Mari Carmen González, aseguró que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León que obliga a reincorporar al interventor municipal y a cesar a su sustituta interina es “imposible de cumplir”, debido a que en febrero del año pasado el titular de la plaza solicitó su traslado a Fabero. “La Junta se ha metido en una vorágine de contradicciones, empujada por Adolfo Canedo”, sentenció González, en referencia al portavoz del PP en el municipio.

En ese sentido, González consideró “muy sorprendente” que la Junta haya seguido adelante con el proceso contencioso-administrativo pese a que, desde agosto del 2015, hay abierto un proceso penal por agresión contra el interventor anterior, al que el dictamen médico consideró “no apto” para su reincorporación. En el mismo sentido, la teniente de alcalde criticó que el expediente sancionador abierto en aquella ocasión se haya “saltado todos los plazos”, a la espera de que se resuelva el proceso penal.

Por otro lado, González confirmó que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia del tribunal leonés. “Tenemos razón en nuestras decisiones”, defendió la teniente de alcalde, que excusó la ausencia del alcalde, Sergio Álvarez, por motivos personales. Al respecto, insistió en el “gran trabajo” desarrollado por la interventora interina y reiteró el “alto interés” del PP porque el interventor anterior se reincorpore al puesto. “No están interesados en que salgan determinados asuntos a la luz pública”, espetó.

En la misma línea, calificó a Canedo de “armadanzas” y le acusó de “querer ser alcalde al precio que sea”. “El PP de Cacabelos va contra el municipio, cueste lo que cueste, y estamos hartos de su inquina, mala leche y ganas de tocar las narices”, sentenció González. Al respecto, la concejala de Acción Social del municipio, Susana Vila, cifró en 420.000 euros el gasto del Consistorio en procesos penales entre 2011 y 2015, años en los que Canedo ocupó la alcaldía.

Colapso del Ayuntamiento

Por su parte, el PP local calificó las explicaciones del equipo de Gobierno de “lamentables, irresponsables y peligrosamente irrespetuosas con la legalidad vigente”. A través de un comunicado, los ‘populares’ achacaron al “empecinamiento” del alcalde el origen de una situación que, advirtieron, “acabará afectando a todo el municipio”.

“No se puede mantener durante 20 meses a una interventora interina, sin nombramiento porque ha sido cesada”, remarcó el PP, que insistió en que la “nulidad” de todos los actos en los que participó la funcionaria sustituta a lo largo de casi dos años amenaza con “llevar al colapso la administración municipal”.