Num: 6898 | Domingo 26 de septiembre de 2021
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El Supremo condena al Estado a pagar 182 millones a Castilla y León por un mes de IVA no abonado

Mañueco se felicita por la decisión y recuerda que “siempre” ha mostrado su disposición a defender los intereses de la Comunidad

Fachada de la sede del Tribunal Supremo / Wikimedia Commons

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 182 millones de euros a Castilla y León por un mes de IVA no abonado en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017, después de que la Junta interpusiera un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020.

Después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta correspondientes al IVA, la administración autonómica solicitaba al Gobierno de España que se pagara a la Comunidad la pérdida de ingresos, que ascienden a 120,49 millones de euros.

Asimismo, se solicitaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Así lo reconoció la sentencia de 19 de abril de 2021 al señalar que “produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”.

El Tribunal Supremo viene a reconocer la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos de la Junta en el recurso. Un comunicado de la Junta asegura que la administración autonómica ha intentado llegar a una “solución consensuada” previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años “numerosos” intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA.

Con la formalización del recurso, los Servicios Jurídicos acompañaron el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 20 de febrero de 2020 en el que se acordó solicitar formalmente dicha cantidad al Estado, y se autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a presentarla al Consejo de Ministros, sin obtener respuesta alguna.

Por ello, de nuevo en julio, el titular de Economía presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación, al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco tuvo contestación expresa del referido órgano de gobierno estatal.

Sostenibilidad servicios públicos

Previamente, se ha demostrado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

De igual forma, el 29 de agosto de 2019 el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda manifestando su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incorporó un artículo que posibilitaba que en ese ejercicio se imputasen en términos de caja los ingresos correspondientes a trece mensualidades, para compensar la mensualidad dejada de percibir, proyecto que al final no resultó aprobado por el Parlamento.

Además, las Cortes de Castilla y León aprobaron el 5 de febrero de 2020 una proposición no de ley solicitando al Gobierno de España el abono de estas cantidades. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 Castilla y León reiteró de nuevo la petición.

Vulnerar lealtad institucional

Con toda esta prueba, los Servicios Jurídicos de la Junta alegaron que el Estado había vulnerado el principio de lealtad institucional, a lo que la sentencia concluye en esta parte que “el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas puesto en relación con el artículo 103.1 de la Constitución habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación presunta que constituye el objeto de este proceso”.

Como se remarcaba en el recurso interpuesto, en ningún caso se estaba efectuando un recurso contra la liquidación definitiva tributaria efectuada y comunicada por el Estado a la Junta en el año 2019, en la que faltaba el computo de un mes de IVA. Es decir, no se pedía la revisión de este acto, sino que se formulaba una reclamación nueva de cantidad por un importe igual a la cantidad dejada de percibir, por lo que no había un acto consentido y firme. El Tribunal Supremo apuntó que con la interposición del recurso,” la recurrente no pretende la revisión de la liquidación practicada con fecha 30 de julio de 2019 sino, únicamente, que se compense el desfase financiero provocado por el Real Decreto 596/2016”.

Los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia alegaron la pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA de un mes de 2017, lo que supuso para la Comunidad Autónoma una pérdida efectiva de cantidades necesarias para su “adecuada” y “correcta” financiación. Por lo tanto, se habría vulnerado su autonomía financiera. La resolución judicial añade que “debe afirmarse que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad”.

Ante la falta de contradicción por parte del Estado respecto a las cantidades exactas reclamadas por la Junta de Castilla y León, la sentencia estimó parcialmente el recurso contencioso en el sentido de diferir a la inmediata ejecución de la resolución judicial la determinación de la concreta cantidad a pagar, que en todo caso vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo la correspondiente al mes de 2017.

El director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subrayó que la sentencia reconoce expresamente a Castila y León unos 182 millones de euros, cuantía a concretar en ejecución de la sentencia. Además, recogió “expresamente” en su fundamento de derecho segundo que el informe mensual de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) correspondiente al mes de diciembre de 2017 señala que los efectos del nuevo sistema supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por valor de 4.150 millones, lo que puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común igualmente afectadas.

Satisfacción de Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se felicitó por la decisión del Tribunal Supremo a través de su cuenta de Twitter, donde precisa que desde la Junta “siempre” se ha mostrado su disposición a defender “donde hiciera falta los intereses de Castilla y León”. “Y lo cumplimos”. “El Tribunal Supremo nos da la razón y obligará al Gobierno de España a devolver lo que corresponde a todos los castellanos y leoneses”, añade.

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