Num: 6447 | Jueves 2 de julio de 2020
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El fiscal solicita cuatro años de prisión para Terciado por estafa, falsedad y apropiación indebida en Cepyme

  El juez decreta una fianza de 967.418 euros al expresidente de Cecale y Cepyme por “orquestar” con otros cuatro acusados su remuneración y abono a sus empresas

Jesús terciado

El fiscal solicitó cuatro años de cárcel y multa de diez meses con cuota diaria de diez euros para el expresidente de Cecale y de Cepyme Jesús Terciado, acusado de delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida en su etapa en la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en las que se aprecia, según el auto, hechos “orquestados” que son constitutivos de un “concurso medial entre un delito continuado de falsedad documental y otro de apropiación indebida”.

Terciado, que ha sido citado para su declaración el 20 de octubre junto a otros cuatro excargos de la patronal, deberá afrontar además una fianza de 967.418 euros decretada por el juez por cobrar mediante facturas falsas.

El auto recuerda que Terciado accedió a la Presidencia de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en junio de 2010, momento en el que “se orquestó”, junto al secretario general, una herramienta para remunerar el cargo de presidente “sin ningún apoyo en los estatutos, que nada preveían al respecto”. Tampoco el comité ejecutivo ni la asamblea general “habían previsto y menos autorizado estas partidas”. Además, lo ejecutaban de modo que “los libros contables ocultaran las importantes salidas de dinero de Cepyme a las del propio Terciado”.

Así, en cuanto a la manera de operar hasta octubre de 2012, Terciado “derivó importantes cantidades a sus empresas, que por su actividad relacionada con la topografía e ingeniería agrícola nada hacían en beneficio de Cepyme”, según el auto. En total, asegura la instrucción, percibió de esta forma más de 730.000 euros.

Para enmascarar estas partidas, “se dispuso que constaran como asesoramiento y consultoría”, agrega. De este modo y siempre según el auto, “se permitía sacar dinero y ocultarlo incluso a sus propios socios y órganos ejecutivos”. Cada mes, desde junio de 2010 a octubre de 2012, se emitía una factura a favor de dos empresas con el concepto ‘consultoría’.

La Fiscalía recalca que precisamente, en octubre de 2012, cuando Terciado aún era presidente y Gonzalo Garnica era secretario general, crearon un “artificio” para justificar las salidas de dinero en la remuneración presidencial, creando el contrato “de alta dirección”, en el que se remuneraba al presidente con 140.000 euros anuales, a sumar dietas, tarjetas de crédito, exclusividad…

De esta forma salieron de las arcas de Cepyme a favor de Terciado otros 306.243 euros, cuando era secretario general Alberto González, quien se encargó de la ejecución material de estas decisiones económicas. Para justificar estas salidas, “nunca se hicieron constar en los libros de contabilidad ni en las auditorías encargadas”, destaca la Fiscalía.

Así, la asamblea general de Cepyme decidió, pese a las importantes pérdidas sufridas por la organización (con un saldo negativo en abril de 2014 de 1,9 millones de euros y 1,2 millones detraídos), renunciar a cualquier indemnización, motivo por el que el fiscal no solicita la responsabilidad civil en este sentido.

 

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