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La Fiscalía pide indemnizar al Ayuntamiento de Camponaraya por la finca de la escuela infantil

El fiscal considera que tanto la empresa propietaria del terreno como la constructoria cometieron sendos delitos de estafa impropia y estafa agravada
Ayuntamiento de Camponaraya
Ayuntamiento de Camponaraya. / QUINITO

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha solicitado una indemnización de 56.000 euros a favor del Ayuntamiento de Camponaraya por sendos delitos de estafa impropia y estafa agravada cometidos por la empresa propietaria de la finca donde se construyó la escuela infantil –Proponle BSF SL– y por la empresa constructora de la misma –Benítez Barba Asociados SL–. Además, solicita penas de cárcel de 3 y 4 años para los cuatro responsables de ambas empresas.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando la propietaria de la finca, ubicada en la zona de Las Cercas, autorizó al Ayuntamiento la construcción de la escuela infantil, que finalizó en 2009. En ese momento, y ante la falta de acuerdo en la compraventa del terreno, el consistorio interpuso una demanda que concluyó en 2014 con un acuerdo avalado por el juez para la venta de la finca, señalando que ésta estaba libre de cargas y gravámenes.

Sin embargo, los responsables de Proponle habrían ocultado  que sobre la finca pesaba una carga hipotecaria, ya que “en marzo de 2013 la mercantil Proponle y sus integrantes, previamente concertados con la mercantil Benítez Barba Asociados, otorgó escritura pública simulando un reconocimiento de deuda a favor de esta última y otorgó una garantía hipotecaria por las  responsabilidades de principal, intereses y costas de ejecución por valor de 56.000 euros”, según señala el escrito de Fiscalía. El fiscal considera que este plan entre ambas empresas se tramó “con ánimo de obtener una ganancia patrimonial injusta“, ya que “no constan entregas de bienes o servicios o ejecución de obras por Benítez Barba Asociados a favor de Proponle más allá del año 2009”.

Así las cosas, y dado que el Ayuntamiento de Camponaraya acabó pagando los 56.000 euros para liberar de cargas a la finca en cuestión provocándole “un gran perjuicio patrimonial”, la Fiscalía solicita que se indemnice al consistorio con esos 56.000 euros, además de las penas de prisión correspondientes para los responsables de las dos empresas por el delito de estafa. El juicio tendrá lugar el próximo 2 de abril.