Num: 7177 | Sábado 2 de julio de 2022
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Fomento evita que más de 100 familias se queden en la calle con el alquiler de viviendas de último recurso

La Consejería reserva un centenar de casas en ciudades y el medio rural para situación de emergencia social


J.A./ Ical La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha garantizado un techo donde cobijarse a más de 100 personas y familias en situación de emergencia social por haber perdido su casa en un proceso de desahucio, de hecho los juzgados de Castilla y León inician cada día unos seis procedimientos de este tipo, o por ser un colectivo vulnerable, como las víctimas de violencia de género o los moradores de infraviviendas. Se trata de una medida de último recurso que trata de evitar que caigan en la exclusión social.

El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones dispone de un parque formado por un centenar de viviendas protegidas que adjudica en alquiler a través de una actuación singular que firma el consejero del área. Este trámite se ha acortado para que sea resuelto en diez o 15 días, puesto que requiere un informe social que encargan los servicios territoriales de Fomento a los centros de acción social y una propuesta que elabora la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Este tipo de prestación encaja en el nuevo programa de Vivienda Social que Fomento prevé desplegar de forma inminente y que se traducirá entre otras medidas en la constitución de un parque público de vivienda en alquiler, que se convertirá en un servicio público de interés general para la población sin vivienda y con pocos recursos. No solo incluirá viviendas propias de la Junta, también las que cedan entidades financieras, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o los ayuntamientos.

De esta forma, Fomento refuerza un modelo de gestión de la política de vivienda que se puso en marcha en 2012, cuando se paralizaron de forma cautelar todos los procesos de desahucio administrativo en curso. También, el Ejecutivo apostó por utilizar las viviendas desocupadas de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de atender las necesidades de los colectivos más golpeados por la crisis y por el alquiler como la fórmula que se debía promover para facilitar el acceso a una casa.

Asimismo, la Junta agilizó el procedimiento que recogía la normativa autonomía sobre selección de beneficiarios de vivienda protegida con el objetivo de atender de manera excepcional casos en los que los adquirientes o arrendatarios no cumplan con los requisitos establecidos. De esta forma, Fomento ofrece esta alternativa al Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública, como vía excepcional para atender situación urgentes.

Fuentes de la Consejería de Fomento explicaron que el “buen” funcionamiento del programa de prevención de desahucios que desarrolla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha permitido que “apenas” haya sido necesario conceder una vivienda como último recurso. Además, insistieron en que la reserva de viviendas para situaciones de emergencia es un “complemento” a las líneas de acción para prevenir los desahucios.

Valladolid y Palencia, a la cabeza

En los últimos tres años se han concedido 101 viviendas a personas en una situación complicada, de las que 16 correspondieron a 2013; 46 a 2014 y 39 a lo que va de año. Las provincias de Valladolid y Palencia se sitúan a la cabeza con 35 y 20 actuaciones singulares. Le siguieron Zamora con 15; León con 12; Burgos con once; Salamanca con siete y Soria con una.

De hecho, Fomento firmó en 2013 un total de 16 actuaciones singulares, de las que ocho se registraron en Valladolid; cinco en Salamanca; dos en Palencia y una en Zamora. En 2014, la cifra creció ya que se admitieron ocho peticiones en Burgos; seis en León; diez en Palencia; una en Salamanca; una en Soria; 19 en Valladolid y una en Zamora. En lo que va de año tres se han contabilizado en Burgos; seis en León; ocho en Palencia; una en Salamanca; ocho en Valladolid y 13 en Zamora.

Colectivos de especial protección

La legislación en materia de vivienda de Castilla y León considera colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública a colectivos en riesgo de exclusión como las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.

También, la normativa autonómica presta atención a los jóvenes;las familias numerosas, las monoparentales, las personas con discapacidad o unidades familiares en las que convivan personas con discapacidad o las víctimas de violencia de género y las de terrorismo, y los emigrantes retornados.

 

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