FSIE responde a la Junta de Personal Docente que atacar a la ‘concertada’ no es la vía de solución de los problemas educativos

Su secretario general en Castilla y León opina que las manifestaciones de dicha junta "dejan al margen el artículo 27 de la constitución que ampara la libertad de enseñanza"

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, organización mayoritaria en el sector de la enseñanza privada y concertada con una representatividad en Castilla y León del 74%, ante las críticas de  la Junta de Personal Docente no Universitario, ha hecho público un comunicado en el que señala que “atacar abiertamente a un sistema educativo, la concertada, con la única intención de confundir a la opinión pública y a los padres para que no elijan los centros concertados, es atacar a sus profesionales, máxime cuando se trata de organizaciones sindicales como UGT o CCOO con representatividad en la enseñanza concertada de nuestra comunidad”.

También explica “que pedir que ‘las comisiones de escolarización supervisen de manera real y efectiva todo el proceso de escolarización o la no renovación de conciertos’ “supone el descrédito y la descalificación gratuita de los integrantes de esas comisiones constituidas al amparo de la ley, integradas por administración educativa, patronales, padres, sindicatos; comisiones en las que ellos están presentes y en las que sistemáticamente callan”.

En opinión de su secretario general en Castilla y León, José Francisco Bernardos Gil, “afirmar que ‘hay que acabar con los privilegios de la escuela concertada, selección del alumnado por la vía económica, religiosa y social y las limitaciones rayanas en la ilegalidad’ supone “dejar al margen el artículo 27 de la constitución que ampara la libertad de enseñanza, el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa de acuerdo con sus propias convicciones y la libertad de creación de centros docentes”.

Por último, Bernardos sostiene que pedir, como hizo esta junta,  “el establecimiento de medidas urgentes ‘que permitan acabar con esta vergüenza educativa y social’ no solo es un insulto directo a instituciones, padres y trabajadores de los centros concertados, sino que demuestra que el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, brilla por su ausencia en los integrantes de la Junta de Personal Docente no Universitario que actúan en representación de las organizaciones sindicales a las que representan”.

“Atacar sistemáticamente a la escuela concertada, dejando al margen los verdaderos problemas como la disminución progresiva de alumnos tanto en centros públicos como concertados no es la vía de solución. Ante los supuestos incumplimientos la ley es la única garantía”, concluye.