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Opinión


23 de octubre de 2019

Hablemos claro: es un conflicto civil


El pasado día 15 de octubre se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los delitos cometidos por altos cargos del “Govern” Catalán y de dirigentes de las asociaciones Omnium Cultural y ANC  a raíz de los sucesos del referéndum ilegal perpetrado el 1 de Octubre de 2.017, en la que se decretaban penas de prisión de entre 13 y 9 años e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. A pesar de que el alto tribunal considera probado que en otoño del citado año se registraron “indiscutibles episodios de violencia”, se descartó el delito de rebelión, el más grave de los propuestos por la Fiscalía, toda vez que, según la sentencia, la violencia orquestada desde la cúpula de la Generalitat y de organizaciones soberanistas no tenía por finalidad lograr la independencia, sino forzar una ulterior negociación con el Estado.

Sin entrar en detalles sobre el contenido y argumentos de la sentencia, que ocuparían bastante más espacio que el que requiere una columna de opinión como la que usted está leyendo en este momento, la conclusión más clara es que dicho fallo no ha dejado contentos a propios ni a extraños. Lo importante, a juicio del que escribe, es que el Tribunal Supremo condena delitos probados, pero considera que el fin último de todo este dramático esperpento no es lograr la independencia, sino forzar al Estado a negociar.

Y es aquí donde, a  mi juicio, que a otro más alto someto, tenemos un serio y gravísimo problema estructural, político e incluso jurídico (y vaya por delante que el escritor no es jurista).

Cualquiera que hubiese seguido la prensa, las noticias y los debates de opinión en relación al asunto catalán los últimos años, puede comprobar que esa eventual negociación que, supuestamente según el Supremo, pretendían lograr los condenados con el Estado, no pretendía lograr una negociación abierta y flexible para solucionar los problemas de los catalanes, sino que estaba destinada única y exclusivamente a concretar los detalles de cuándo y cómo la Comunidad Autónoma de Cataluña pasaría a convertirse en una república independiente del Reino de España. Ni más ni menos.

Por lo tanto, el argumento del Supremo no es consistente para descartar la rebelión si nos basamos sólo en este aspecto. Podría argumentarse que para que el delito de rebelión fuese probado,  “… la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”, según palabras textuales del documento de la condena. Creo que es evidente que “los fines que animan la acción de los rebeldes” son lo consecución de la secesión y la creación de un estado independiente saltándose a la torera la ley y el ordenamiento constitucional español, y no forzar una negociación con el Estado. Pero si para ello hiciera falta “violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios…“y los acontecimientos violentos de octubre de 2.017 no son suficientes para ello,  lo ocurrido desde el 15 de octubre de 2.019 y los días posteriores a la comunicación de la sentencia tienen base jurídica suficiente para procesar por delito de Rebelión a Joaquim Torra y su gobierno, aplicar el artículo 155 “duro” y suspender de forma inmediata la autonomía en Cataluña.

Las imágenes de ciudadanos agrediendo a otros ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad de expresión por las calles de varias ciudades catalanas so pretexto de vestir prendas de la selección española de futbol o simplemente portar la bandera de su país, de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y mossos de escuadra cercados y atacados, del sitio a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en pleno centro de Barcelona, del sabotaje (si, sabotaje) a una infraestructura crítica del Estado como es el Aeropuerto del Prat afectando a miles de viajeros y produciendo daños de miles de euros en mobiliario público y afectando a la actividad económica nacional de forma seria, de las hogueras que ponen en peligro la vida e integridad de los vecinos de Barcelona y otras ciudades, así como de los destrozos potenciales a sus viviendas (¿se imaginan estar 20 años trabajando para pagar una hipoteca de su casa y que en media hora se la puedan quemar?) … todo ello constituye  violencia, “ … violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Y esos fines son la secesión de una parte del territorio subvirtiendo el orden Constitucional y la ley. Si alguien tiene alguna duda al respecto, que escuche las declaraciones de Joaquim Torra y sus adláteres en el acto de homenaje al golpista Lluis Companys en las que dicen volverán a realizar un referéndum “porque votar en un referéndum no es delito”…  haciendo suyas las palabras del fusilado “president”: “tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vencer”.

Lo que pasa es que a estas alturas de la película esos eslóganes heroicos ya no cuelan. Al igual que ya no cuelan los argumentos populistas sobre que un estado que prohíbe a sus ciudadanos votar en un referéndum es un estado fascista, aplicado a España. Lo que es fascista es que una minoría pretenda aplicar la ley del embudo y saltarse a la torera los derechos de los demás cuando les interesa. Lo que es fascista (y delito) es que una institución del Estado como es la Generalitat catalana se arrogue una competencia que no tiene para quebrantar los derechos de sus ciudadanos. La Constitución Española (votada por los catalanes y por todos los españoles en 1.978) dice claramente que las cosas que nos afectan a todos, las decidimos entre todos. Una parte del cuerpo soberano no puede decidir sobre cuestiones que afectan a la totalidad sin contar con la opinión de la totalidad, y por eso la convocatoria de referéndum es exclusiva del Estado. Hay mucha gente en Cataluña que no entiende esto (o no lo quiere entender). Para toda esta gente, y sin ánimo de ofender, hay que explicarles que el resultado de vivir en una realidad imaginaria durante años tiene consecuencias catastróficas, y esa consecuencia es que la realidad, tozuda e inevitable, acaba por imponerse. Y la realidad es que Cataluña no es una nación ocupada ni oprimida por el Estado Español, y que lo mejor que se puede hacer por estas personas sumergidas, por activa o por pasiva,  en un mundo irreal no es organizar un referéndum, ni un acto “cìvic y democràtic”, sino enviar una legión de psicólogos que les ayuden a superar su dolencia y volver a la realidad. Porque necesitan mucha ayuda, y los no enfermos también, cuando por culpa de la frustración de descubrir que toda su vida ha sido fruto de un delirio paranoide empiezan a agredir a los demás.

Pero para evitar esto último tiene que intervenir la autoridad pública. Como contribuyentes al sostenimiento de un Estado que tiene por finalidad prestar servicios al ciudadano, debemos exigir que las instituciones públicas GARANTICEN que dicha persona jurídica (esto es el Estado) que tiene que velar por nuestra salud, empleo, libertad, educación de nuestros hijos, el cuidado de nuestros mayores y la preservación de nuestros hogares y propiedades que tanto esfuerzo y lágrimas nos cuesta sostener cada día, NO SE VEA AMENZADO EN SU EXISTENCIA para poder prestar estos servicios con calidad y puntualidad. Es evidente que la secesión por medios violentos e ilegales de una parte del territorio gestionado por el Estado es una amenaza gravísima a las funciones básicas del mismo para las que fue creado. Los hechos de los últimos años en Cataluña ponen con claridad meridiana que es eso precisamente lo que está sucediendo. Un ataque a la integridad de TODOS. La Constitución Española y el estado de derecho establecen mecanismos claros para afrontar este tipo de situaciones. Como ciudadano exijo que se cumpla la parte del contrato social que tengo suscrito con la persona jurídica a la que pago para que me preste determinados servicios. Lo contario es UN FRAUDE.

Y para poder poner en marcha todos y cada uno de esos mecanismos por los que estamos pagando, es imprescindible llamar a las cosas por su nombre y asumir que estamos metidos de lleno en un conflicto civil. Ni más ni menos. Y en esas circunstancias toca hacer lo que toca hacer, y eso le pido al Gobierno de mi país. Lo pido en mi nombre, y en el de mis compatriotas catalanes que observaban esas noches desde sus ventanas cómo un grupo de delincuentes, liderados por sus instituciones autonómicas, prendían en la calle, a la puerta de su casa,  fuego a una barricada, y que dicho fuego podía haberse llevado por delante su hogar, la vida de sus hijos que no podían dormir por el miedo a tener que salir huyendo de su casa y la certidumbre de que, de seguir así las cosas, quizá tuvieran que abandonar el hogar que llevaban construyendo toda un vida para tener que huir y empezar de cero lejos de su tierra, que es la mía. Que es la de todos.

Porque esa noche el fuego estaba en la calle. Pero si el Estado no hace nada, llegarán noches en las que el fuego se lo prenderán a la puerta de sus casas. De las nuestras. De las de todos. Y entonces ya será demasiado tarde.

 

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