Num: 5950 | Jueves 21 de febrero de 2019
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Industria obligará a mantener tres años la actividad productiva y un 85% del empleo para cobrar ayudas

La medida persigue “un compromiso de continuidad” y “arraigo en el territorio” por parte de las compañías que reciban subvenciones y que no se repitan “casos de cierre de empresas que deciden irse una vez recibidos los dineros”

Concentración de los trabajadores de Vestas a la entrada de la fábrica en el polígono de Villadangos, en imagen de archivo. / P. García

El Gobierno aprobó este viernes un real decreto con una batería de medidas urgentes de impulso a la industria y el comercio, entre las que figura una destinada a impedir que se repitan nuevos casos de cierres de empresas subvencionadas similares a los que han decidido las multinacionales Vestas y Alcoa.

A partir de este decreto, las empresas que reciban ayudas de Industria tendrán la obligación de mantener la actividad productiva durante al menos tres años y garantizar la continuidad del 85 por ciento del empleo si acuerdan un despido colectivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que la medida persigue “un compromiso de continuidad” y “arraigo en el territorio” por parte de las compañías que reciban subvenciones, y que no se repitan “casos de cierre de empresas que deciden irse una vez recibidos los dineros”. “Todos les ponemos nombre a esas empresas”, afirmó Maroto.

Otra medida de alcance industrial incluida en el decreto afecta al contrato de relevo y es una demanda reiterada sobre todo del sector automovilístico. Se prorroga hasta 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo.

El decreto permitirá además una rebaja de los costes energéticos para consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán además de un Estatuto con sus derechos y obligaciones.

En materia de comercio, el decreto prevé limitaciones a la venta a pérdidas, “una medida muy necesaria para dar certeza jurídica a los operadores”, según Maroto, y la reducción de cargas administrativas a las empresas.

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