La investigación sobre el accidente ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo, comienza a arrojar sus primeras conclusiones provisionales. Según informa el diario La Nueva España, la primera inspección realizada por la Guardia Civil en el lugar del siniestro ha puesto de manifiesto indicios de una extracción ilegal de carbón y una notable carencia de medidas de seguridad.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que solo uno de los fallecidos portaba un detector de grisú, el vigilante del grupo, y que el dispositivo se encontraba apagado. Este tipo de oxímetro, que emite una fuerte señal sonora cuando se alcanzan niveles peligrosos de gases como el metano, podría haber sido silenciado de forma deliberada para evitar molestias, según las sospechas preliminares.
Además, los agentes hallaron cuatro vagonetas con carbón a medio cargar en la zona donde se produjo la deflagración, lo que refuerza la hipótesis de una actividad extractiva activa en el momento del accidente. La evidencia más clara, según declaró la exconsejera de Transición Ecológica del Principado, Belarmina Díaz, fue la presencia de dos huecos posteados con longitudes de 18,2 y 24,6 metros respectivamente. La anchura de los mismos era de apenas 80 centímetros, lo que obligaba a los mineros a trabajar en condiciones extremadamente precarias, que Díaz llegó a comparar con “el peor de los chamizos”.
Una de las piezas clave para esclarecer lo sucedido serán las declaraciones de los supervivientes, quienes ya han confirmado a la Guardia Civil que llevaban meses extrayendo carbón de forma irregular, y todo ello en un contexto en el que no se realizaban inspecciones desde hacía medio año, según la misma fuente.
El Juzgado de Cangas del Narcea, encargado del caso, ha decretado el secreto de sumario, mientras se espera que la Guardia Civil remita su primer informe técnico en los próximos días, con los detalles de la inspección sobre el terreno.
