Num: 7176 | Viernes 1 de julio de 2022
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La Comisión de Seguimiento para una transición justa de la minería del carbón reclama al Gobierno “agilidad y eficacia”

El órgano, que este miércoles ha retomado las reuniones, pide el inicio de los trabajos de restauración y la ampliación de los ERTE, similar a los de fuerza mayor, para los 312 excedentes

Pozo Salgueiro de Santa Cruz de Montes. / C. Sánchez

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 que retomó hoy sus reuniones reclamó al Gobierno “agilidad y eficacia” en las actuaciones que tienen que ver con su actividad, así como la necesidad de dar cumplimiento a esos acuerdos lo más rápido posible, sin olvidar la necesidad de poner en marcha la bolsa de trabajo, la restauración y el plan social.

Este órgano retomó este miércoles las reuniones y ya prevé un nuevo encuentro para el próximo 24 de septiembre donde, si no hay avances y aspectos concretos al respecto, alguna organización sindical ya advierte de que solicitará una reunión con los responsables de los ministerios firmantes del acuerdo (Transición Ecológica y Trabajo) junto con las organizaciones sindicales y Carbunión.

Una de las peticiones más urgente por parte de los sindicatos es que se dé celeridad a la contratación de los trabajadores que se esperaba que ya estuvieran trabajando en las tareas de restauración de escombreras o, de lo contrario, se prorroguen las ayudas para ellos como ya se ha acordado para otros colectivos de trabajadores. El objetivo es dar cobertura a los 312 excedentes, lo que pasa por empezar a rehabilitar y restaurar el espacio minero afectado y, en los lugares donde la administración concursal o los jueves pongan impedimento para que sea así, actúe la Administración para facilitar el inicio del trabajo de esos excedentes.

Casi dos años después de la firma del acuerdo, y sin que se haya iniciado en este tiempo la restauración, la intención de los sindicatos es impedir que estos trabajadores se queden sin cobertura social a finales de año, por lo que propusieron también la ampliación de los ERTE, de forma similar al tratamiento de fuerza mayor porque “los trabajadores no pueden ser quienes paguen por los retrasos de la Administración”.

En la reunión también se pidió conocer el listado nominal y definitivo de las prejubilaciones a partir del 1 de enero de 2019 así como de las bajas incentivadas; la puesta en marcha de la firma y ejecución del capítulo de infraestructuras pendiente del plan 2013-2018 con la inversión de la cantidad acordada; la formación de excedentes para su readaptación; la aprobación de la normativa sobre proyectos empresariales y mínimis; la entrada en funcionamiento de los convenios de Transición Justa; o la celebración de las reuniones que sean necesarias para analizar y evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo y, si fuera necesario, pactar las medidas correctoras para cumplir lo acordado.

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