Num: 6482 | Jueves 6 de agosto de 2020
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La Delegación del Gobierno en Castilla y León prohíbe las manifestaciones convocadas por Vox por suponer “riesgo” para la salud

La decisión de ha adoptado teniendo en cuenta los informes favorables de las autoridades sanitarias, que alertan de la importancia de mantener las distancias de seguridad

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de sus nueve subdelegaciones, ha notificado la prohibición de celebración de manifestaciones previstas para el día 23 de mayo en las capitales de provincia de la Comunidad, comunicadas en nombre de la formación política Vox, al entender que puede suponer “un riesgo” para la integridad física, tanto de los participantes como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como consecuencia de la acumulación de personas.

Atendiendo a los informes desfavorables de las autoridades sanitarias, se insistió en que “en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la Salud Pública al ser una posible fuente de propagación del virus”.

Al criterio sanitario se unen, además, diversos informes policiales en los que, teniendo en cuenta los itinerarios previstos en las comunicaciones se recuerda que las capitales de Castilla y León continúan en la fase cero del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril de 2020, por lo que no son de aplicación las medidas de flexibilización de carácter social recogidas en la Orden SND/386/2020.

En este sentido, los convocantes dejaron la convocatoria “abierta a todos los ciudadanos”, por lo que “puede producirse una gran afluencia de personas que impida el distanciamiento social apropiado para evitar la transmisión de la enfermedad”, como señala, por ejemplo, el informe de la Policía Nacional de Valladolid, que considera que “se podría poner en riesgo la salud de los participantes así como de los funcionarios policiales, desplegados como garantes del desarrollo del acto, así como personas que se hallaran por las inmediaciones dentro de los puntos previstos por la normativa vigente referida al estado de alarma”.

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