Num: 7012 | Martes 18 de enero de 2022
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La juez levanta la imputación de los consejeros de Caja España al suspenderse su declaración

El proceso se retrotrae a la declaración de los peritos del Banco de España al anularse las acciones del abogado que representaba a los consejeros y la entidad


La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León ha levantado la imputación de todos los consejeros de Caja España que estaban citados a declarar por formar parte del Consejo de Administración de la entidad que aprobó en 2009 la refinanciación de la deuda que tenía su ex presidente, Santos Llamas. La decisión se produce al suspenderse sus comparecencias debido a los "defectos formales" que se han detectado en el proceso, lo que no cierra el caso en los tribunales.

Este martes estaban citados a declarar en los juzgados de la capital leonesa Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez y Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro y Marcos García González, mientras que para el próximo viernes estaban llamados Javier García Prieto, Zenon Jiménez Ridruejo, Fernando Martínez Maillo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez, Olga Palacio y José Antonio Turrado.

Fuentes cercanas al caso explicaron a Ical que todos los consejeros ya no se encuentran imputados debido a que esta condición se había aplicado para que prestaran declaración. El motivo se debe a que el abogado que representaba a Caja España en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad desde 2003. Por ello, la jueza ha decidido anular todas las actuaciones del letrado por lo que la actuación judicial se retrotrae a la declaración de los peritos del Banco de España.

Asimismo, otra cuestión ha pesado en la decisión adoptada por la jueza como es que la grabación, presentada como prueba, presenta deficiencias técnicas por lo que no puede considerarse como válida. Por tanto, todo ello impide que los ex consejeros comiencen a prestar declaración, si bien no se da por cerrado el caso judicial, que comenzó con la denuncia presentada en 2011 por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, que pone en duda la legalidad de operaciones de crédito a Llamas por importe de unos 70 millones.

Tras esta suspensión, no se prevé que la causa pueda reanudarse antes del próximo mes de octubre, ya que la agenda del juzgado que lleva el caso está "completa" hasta esas fechas y "sería imposible hacerlo antes", según explicó el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Luis Oviedo, quien insistió en que la causa "es muy grande y tiene muchos folios" y algunas de las citaciones llegaron a los ahora 'desimputados' hace apenas unos días.

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