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La Junta de Castilla y León cumple en 2019 el 60% de las recomendaciones del Consejo de Cuentas

Mario Amilivia destaca que el informe de seguimiento de recomendaciones del órgano de 2019 registra “el mayor grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora por los entes fiscalizados"
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas. / Ical

La Junta cumple en 2019 el 60% de las recomendaciones del Consejo de Cuentas. El presidente de la institución, Mario Amilivia, destacó este jueves que el informe de seguimiento de recomendaciones del órgano de 2019 registra “el mayor grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora por los entes fiscalizados”.

Amilivia, que compareció en las Cortes, incidió en que la Junta mejoró en 29 puntos porcentuales, al pasar de un cumplimiento del 31 al 60 por ciento, el mejor dato en los siete años de este informe. Asimismo, constató que si se suman las recomendaciones no aplicadas pero tomadas en consideración el grado de aceptación de las mismas por la Administración autonómica alcanza esta vez el 80 por ciento.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta, única administración fiscalizada los siete años de existencia del estudio, experimentó un importante ascenso respecto al año anterior. Así, el cumplimiento total o parcial fue un 13 por ciento en 2013; un 20 por ciento en 2014; un 22 por ciento en 2015 y el mismo porcentaje en 2016; un 32 por ciento en 2017; un 31 por ciento en 2018 y un 60 por ciento en 2019, 29 puntos más que el año anterior.

Avanzar en la calidad de la gestión

Mario Amilivia valoró las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, pero instó a la puesta en práctica de las no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

Amilivia reconoció no obstante que el cumplimiento que es “el mejor reflejo de la auctoritas de la institución en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”.

El presidente aclaró que de las 274 recomendaciones formuladas durante 2019, se analizan 232 contenidas en nueve informes; 42 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación, o por no tener un destinatario específico.

Mario Amilivia concretó que el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas fue del 69 por ciento, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto aquellas en las que se considera que se han cumplido total o parcialmente, como aquellas en las que solo se ha manifestado su conformidad. En 2018, el porcentaje fue del 61 por ciento.

Asimismo, señaló que se aplicaron de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 56 por ciento, “el mejor de la serie histórica”. Así, se produjo un notable incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 42 por ciento (72 de 172) obtenido en el informe de 2018.

La evolución del cumplimiento, indicó, es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis. En 2019 se cumplieron total o parcialmente un 56 por ciento; en 2018 un 42 por ciento; en 2017 un 46 por ciento; en 2016 un 42 por ciento; en 2015 un 34 por ciento; en 2014 un 50 por ciento y en 2013 un 38 por ciento.

Amilivia expuso que en los siete años en que se lleva realizando este informe fueron aplicadas total o parcialmente 567 recomendaciones de las 1.254 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 45 por ciento para todo el periodo 2013-2019.

Porcentaje de cumplimiento heterogéneo

El porcentaje de cumplimiento es muy heterogéneo entre las diversas administraciones: las diputaciones el 64 por ciento (29 de 45 recomendaciones), municipios el 54 por ciento (81 de 150); Junta de Castilla y León el 60 por ciento (21 de 35) y finalmente la Fundación Siglo no aplicó, pero tomó en consideración las dos enviadas.

Por primera vez el cumplimiento de las recomendaciones en los informes de naturaleza legal superó al registrado en los de naturaleza especial. En los legales fueron aplicadas total o parcialmente el 62 por ciento (16 de 26) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los especiales el porcentaje alcanza el 56 por ciento.

Amilivia defendió por último que la reforma del reglamento propuesta por el Consejo para la ampliación de los plazos de respuesta por los entes fiscalizados está cargada de sentido, porque la regulación dentro del primer cuatrimestre del año, no representa en la práctica tiempo suficiente para que los entes auditados puedan aplicar las recomendaciones, aun teniendo voluntad de hacerlo. “Se trata de establecer un plazo más razonable, dentro del segundo semestre, para obtener una imagen más fiable sobre la voluntad efectiva de las administraciones de cumplir con las recomendaciones”.

En este contexto, el retraso del informe de este año por la pandemia y su publicación en noviembre, dijo, permitió unos mejores resultados, algo que se repetirá sin modificar el reglamento en el del año próximo.