Num: 6923 | Jueves 22 de octubre de 2021
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Las Cortes instan a la Junta a realizar una campaña personalizada sobre el servicio de teleasistencia

La procuradora socialista Isabel Gonzalo recuerda el bajo número de usuarios de esta prestación en la Comunidad

Pareja de personas mayores paseando por la carretera de Valdearcos de la Vega (Valladolid). / M. Chacón

Las Cortes de Castilla y León instaron este lunes a la Junta de Castilla y León a desarrollar una campaña personalizada, a través de las Entidades Locales con competencias en materia de servicios sociales, dirigida a las personas mayores de 65 que vivan solas para que sean usuarios del servicio de teleasistencia avanzada.

Así consta en la proposición no de ley del Grupo Socialista aprobada en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades con la incorporación de una enmienda del PP para que de manera anual, en vez de semestral, se informe a los grupos parlamentarios de los resultados que se obtengan con el desarrollo de la citada campaña y se incluya a personas de 75 años en situación especial de dependencia.

La procuradora socialista Isabel Gonzalo, que incidió en el fallecimiento en el último año y medio tan solo en Valladolid de 18 personas mayores de 65 años sin que nadie detectara su muerte, subrayó que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más bajo porcentaje de usurarios con esta prestación. “Sólo 13.710 personas en situación de dependencia tienen este servicio sobre 102.487. Es decir, el 13,38 por ciento, muy por debajo de la media nacional del 21,51 por ciento”, anotó.

También se aprobó otra proposición no de le del Grupo Socialista, con otra enmienda del PP, para establecer un compromiso con los medios de comunicación de ámbito regional, nacional y local para eliminar todo tipo de anuncio que atente contra la dignidad e integridad de las personas, fundamentalmente contra mujeres y niñas, como la prostitución, la esclavitud sexual o la trata.

Gonzalo destacó que el segundo punto de la propuesta de resolución se aprobara con su contenido original en el que se recoge “eliminar cualquier forma de financiación pública a través de subvenciones, contratación o publicidad, en los medios de comunicación que no suscriban el compromiso de no publicar anuncios de carácter sexual”.

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