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ICAL Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy, con los votos de la mayoría del PP y en contra del PSOE y Mixto, llevar a los tribunales al Gobierno de España por sus incumplimientos con las cuencas mineras por el Plan del Carbón, tal y como propuso la socialista Ángela Marqués, quien en 234 millones de euros los proyectos de inversión pendientes del Plan 2006-2012.
Se trata, según Marqués, de “una solución sin riesgo” dado que ya lo ha hecho Asturias y los tribunales le han dado la razón. Por eso, instó a la Junta a que se lo diga de esta manera al Ministerio de Industria porque “otra vía está muerta”.
Vía que defendió el procurador del PP Jesús Blanco, quien aseguró que el planteamiento del pleito “a priori” sería “lesivo” para los intereses de Castilla y León que, dijo, ya ha adelantado 42 millones de euros del Plan del Carbón 2006-2012 y otros 17 del anterior.
Por eso, propuso en una enmienda de sustitución que la Junta se vuelva a dirigir al Ministerio para exigir el “inmediato” pago de las obligaciones económicas que se derivan de la aplciación en Castilla y León de la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada el pasado 14 de abril, así como exigir la convocatoria de la comisión de cooperación integrada por la Junta y el Instituto del Carbón para el seguimiento de los convenios.
Una enmienda que no aceptó el PSOE porque es volver a hacer lo mismo y modificó su propuesta de resolución, que en un primer término pedía ir a los tribunales, para exigir primero al Ministerio el cumplimiento y de no dar respuesta antes de que se celebre el Debate sobre el Estado de la Región (la última semana de junio) se acuda a los tribunales.
Por su parte, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, censuró también los incumplimientos del Ministerio de Industria y denunció la situación de las cuencas mineras con “museos no abiertos, obras sin acabar y carteles de obras previstas sin terminar”.