Num: 6042 | Viernes 24 de mayo de 2019
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Las plataformas sanitarias llaman a manifestarse el 26 de enero en Valladolid

Denuncian que, un año después de la 'marea' las cosas han ido a peor y piden la dimisión del consejero de Sanidad

Imagen de la última marea blanca por la Sanidad en Ponferrada, en febrero de 2017 / C. Sánchez

La Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León llamaron a los ciudadanos de la Comunidad a manifestarse en Valladolid el próximo día 26 de enero, sábado, ante lo que consideran el “deterioro” del sector. De hecho, recordaron en un manifiesto que se cumple un año desde que una “marea humana clamó a favor de la sanidad pública” al grito de ‘Nos duele la Sanidad’, y doce meses después “las cosas están peor”, después del verano “más conflictivo que se recuerda, especialmente por los innumerables consultorios de los pueblos exhibiendo en sus puertas el consabido cartel de ‘Hoy no se pasa consulta’.

En este sentido, la Coordinara criticó que “después hablen de despoblación, como si de una maldición inevitable se tratara”. “Mientras el servicio público de salud se desmorona, los reclamos publicitarios y las cuentas de resultados del negocio privado de la salud crecen; en el camino, miles de personas desprotegidas en su derecho a una atención sanitaria de calidad e igualitaria”, lamentó en un comunicado.

Igualmente, “a la visión autocomplaciente de la Junta, revestida de ratios y estadísticas con que poder adornarse, se suma la preocupación y desesperación de las personas usuarias que viven el día a día de la desatención”. Como “capitán de este barco a la deriva” las plataformas individualizan las culpas en Antonio Sáez Aguado, un consejero de Sanidad “quemado” y un Gobierno que “le cobija, incapaz de gestionar, que elude su responsabilidad y que compendia todas las sospechas del obediente colaborador en urdir un camino, iniciado hace décadas, para llevarnos a estos resultados”.

Por ello, las plataformas en defensa de la sanidad pública consideran que el consejero es el “primer lastre del que desprenderse para revertir la actual situación” y pidieron su dimisión.

A juicio de la organización, muchos sectores afectados se movilizan: usuarias, trabajadores de la salud, ayuntamientos, organizaciones vecinales, sindicales, políticas y plataformas sociales, “que nacen en todas las comarcas y ciudades importantes de la Comunidad, proporcionando un cauce organizado para hacer valer todas las demandas”. También “en la calle, en las instituciones públicas, en las mesas de negociación, en los consejos de salud…” “Este el principal aval de regeneración de un sistema sanitario público que quieren arrebatarnos”, destacó.

Por ello, hicieron un llamamiento para el próximo sábado bajo el mensaje ‘¡Nos sigue doliendo la Sanidad!’, y desde ese clamor confiaron en “volver a congregar a todas las castellanas y leoneses en la ciudad de Valladolid el 26 de enero, para hacer valer las pretensiones que hace un año se reclamaban”.

Entre ellas, acabar con los recortes y conceder un mayor peso en los presupuestos a la atención primaria, especialmente en el medio rural; recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y “dignificar el trabajo de sus profesionales”; reducir las listas de espera, las quirúrgicas y las diagnósticas, “eliminando los conciertos con la sanidad privada”; y fortalecer un modelo de sanidad cien por cien público y acabar con el modelo público-privado del Hospital de Burgos (HUBU), “una sangría para las arcas públicas de esta Comunidad”.

Además, reclamaron el impulso de programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la atención primaria; introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud y en la promoción de la misma; acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área; regular por ley la restitución del derecho a recibir asistencia sanitaria para todas las personas; nombrar a los responsables de las gerencias atendiendo a su perfil profesional e introducir medidas de transparencia en su gestión económica; y cumplir “rigurosamente” la Ley de Incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública. Por último, exigen poner en funcionamiento “cauces eficaces” de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario.

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