Num: 6449 | Sábado 4 de julio de 2020
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Las prestaciones por desempleo crecen en 150 millones durante la crisis santiaria

CCOO y UGT apelan a prorrogar los ERTE aunque reconocen la presión presupuestaria para el Gobierno que supone mantener el mecanismo de protección del empleo

Oficina del Ecyl en Ponferrada. / QUINITO

La situación económica y laboral derivada de la pandemia está metiendo una presión difícil de soportar para cualquier presupuesto público que multiplica los gastos y reduce los ingresos así como a los funcionarios, que deben tramitar miles de prestaciones solicitadas por los nuevos parados y, sobre todo, por los afectados por regulaciones temporales. El reto es que con la nueva normalidad se recuperen los niveles de empleo anteriores para rebajar prestaciones y elevar ingresos, aunque la prórroga de los ERTES está sobre la mesa a la espera de un acuerdo sobre todo en los sectores más afectados y que tienen carácter estratégico como la automoción o el turismo y la hostelería.

Los ERTE han amparado a casi 200.000 trabajadores durante los meses de estado de alarma en Castilla y León, aunque miles de personas también han pasado a engrosar las listas del paro (21.261 en mayo respecto a 2019). El resultado, más del doble de beneficiarios en las prestaciones abonadas en mayo (correspondientes a abril) y más del triple en la cuantía económica pagada por el estado respecto a 2019.

En datos absolutos, el mes pasado, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) dio luz verde en la comunidad a un total de 186.355 prestaciones (contributivas, subsidios, renta de inserción y programa de activación), lo que supone 114.233 más que las contabilizadas el mismo mes de 2019, con un crecimiento del 158,4 por ciento.

Asimismo, y según los datos recogidos por Ical, el gasto en estas prestaciones, ascendió a algo más de 207 millones de euros, con un crecimiento del 226,1 por ciento, es decir, 143,5 millones más que el año anterior en el mismo periodo.

Un análisis preciso del número de beneficiarios, constata que se dispararon en las prestaciones contributivas, por los afectados por ERTE, ya que alcanzaron los 140.352 beneficiarios, cuando un año antes solo fueron 33.093 (parados con derecho), lo que supone un crecimiento del 324,1 por ciento. Por su parte, los subsidios llegaron a 40.920, con un avance del 22,6 por ciento; y la Renta Activa de Inserción, a 5.083, un diez por ciento menos que en 2019.

En cuantías, las prestaciones contributivas alcanzaron los 180,7 millones de euros, frente a los 41,9 millones de un año antes, es decir, crecieron un 331,2 por ciento; mientras que los subsidios representaron un desembolso de algo más de 24 millones, con un aumento del 26 por ciento. La Renta Activa de Inserción, costó 2,2 millones, con una rebaja del 9,5 por ciento.

Los secretarios Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO-CyL, Saturnino Fernández, y de Política Sindical y Empleo de UGT en la comunidad, Raúl Santa Eufemia, destacaron que los datos en prestaciones responden a la situación generada por la pandemia; felicitaron la apuesta del Ejecutivo por los ERTE para sostener el empleo y apelaron a su prórroga con un acuerdo en el tripartito, aunque asumieron la presión presupuestaria que supone para el Gobierno mantener cada mes este mecanismo.

Saturnino Fernández incidió en que la explosión en el número de prestaciones “refleja la situación” del mercado laboral generada por el coronavirus, y trasladó que “la parte positiva está en la gente que cobra por su situación en ERTE, ya que se mantiene de alta en la empresa y no están en paro”. “Ya veremos lo que pasa en el futuro con su actividad, esperemos que siga trabajando”, deseó.

Fernández felicitó que el Gobierno haya abonado una prestación “a todos aunque no hayan cotizado por ello” y también consideró positivo que los que tenían derecho se vayan a quedar con el “contador a cero”, es decir, no van a consumir prestación. Asimismo, indicó que para la empresa también ha sido positivo porque no han estado cotizando y no han tenido ese gasto con el objetivo de sobrevivir “sin actividad”.

“Los trabajadores siguen en la empresa, no consumen su prestación y sostienen más o meneos su poder adquisitivo”, resumió, para trasladar que “ojalá la economía siga y esos ERTE se transformen en la vuelta a la actividad normal” aunque dio por hecho que “habrá de todo, gente que siga y otra que no aguante y tenga que echar a trabajadores a la calle o cierre”.

El secretario de CCOO deseó además que se alcance un nuevo acuerdo para prorrogar los ERTE, que “aunque no es el chocolate del loro”, dijo, “interesa a todos”. Aseveró que el Gobierno debe ajustar el gasto y vaticinó que se cerrará hasta septiembre y “entonces se podrá volver a negociar”.

Raúl Santa Eufemia defendió la necesidad de mantener el “buen clima” en las negociaciones del tripartido y cerrar un nuevo acuerdo de extensión de los ERTE para la protección del empleo, pero asumió que todo esto “tiene un sustento presupuestario y es difícil aguantar este gasto”.

Agregó que hay que sostener el clima de negociación en el tiempo para adoptar medidas una vez se sepa “cuánta gente se quedará por el camino” ante un contexto de “ataque y derribo” de la economía de los países del sur de Europa. Por último, sentenció que ese clima de acuerdo se debe trasladar a la negociación colectiva en empresas, sectores y provincias, para articular la nueva situación en los convenios colectivos a partir del 30 de junio.

Provincias

Un análisis territorial indica que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo creció en León (32.726), un 126,8 por ciento; en Soria (6.793), un 225,6 por ciento; en Palencia (14.646), un 216,1 por ciento; en Segovia (11.558), un 198,1 por ciento; en Burgos (30.496), un 188,5 por ciento; en Valladolid (39.480), un 179,1 por ciento; en Salamanca (25.835), un 135,4 por ciento; en Ávila (12.650), un 123,4 por ciento; y en Zamora (12.171), un 112,1 por ciento.

En cuanto a las cuantías, aumentaron en León (34,2), un 172,4 por ciento; en Palencia (16,9 millones), un 312,8 por ciento; en Soria (7,9), un 274,4 por ciento; en Valladolid (49,2), un 272,3 por ciento; en Segovia (12,2), un 263,3 por ciento); en Burgos (35,6), un 252,6 por ciento; en Salamanca (26), un 193,9 por ciento; en Ávila (13), un 186,1 por ciento; y en Zamora (11,7), un 156,7 por ciento.

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