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ICAL La jueza que ha instruido el caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, levantó hoy el secreto de sumario en la instrucción de la muerte de la dirigente ‘popular’ porque “no existe obstáculo que perjudique la investigación”. La jueza ha tomado declaración a 22 testigos, entre los que se encuentran ciudadanos que han acudido al Juzgado como personas que presenciaron los disparos, amigos de la agente de la policía local imputada Raquel Gago, y agentes de la Policía Nacional.
Entre otras diligencias, la jueza instructora ha desarrollado análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas, posicionamientos de teléfonos móviles, dos registros domiciliarios (el domicilio de la hija y la madre) y otro en la taquilla personal del la agente policial.
En el registro al domicilio de Triana, la Policía halló de forma casual una cantidad de droga que hace suponer que no es para el consumo y, por tanto, “podría ser un presunto delito de tráfico de drogas”. Al no tener relación con el delito que se investiga (homicidio), la juez de instrucción informó ya de este hecho al Decanato de León para que establezca, según las normas establecidas, qué Juzgado debe investigar si existe algún delito.
La jueza está a la espera de recibir el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas. Además de la acusación pública o la Fiscalía, a la causa se han personado -como acusación particular- miembros de la familia de la presidenta de la Diputación. La jueza tiene que resolver, tras haber dado ya traslado a las partes y estar a la espera de recibir sus respuestas, si la Diputación de León y el Partido Popular, como instituciones, son admitidas también como partes de este proceso.
La que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP en esta provincia falleció por un ‘shock hipovolémico’ y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de los impactos de los proyectiles de arma de fuego corta”, según consta en el informe final de la autopsia practicada al cadáver, que indica que la causa “inmediata” de su muerte, el 12 de mayo, se produjo a las 17.25 horas. El informe, respaldado por dos médicos forenses, según ordena la ley, se encuentra en manos de la jueza del Juzgado de Instrucción Número 4 de León, que lleva el caso.
La ley establece el plazo de 30 días para mantener en secreto (que también afecta a las partes personadas en la causa, excepto al Ministerio Fiscal) las actuaciones que se llevan a cabo para aclarar si hay una actuación delictiva y determinar quién ha sido su autor o autores. Este plazo termina mañana, día 12 de junio.